Unión Naval Valencia, perteneciente a Boluda Corporación Marítima, ha decidido suspender su actividad de construcción naval y ha presentado ya al Comité de Empresa un ERE de Extinción para toda la plantilla, que afectaría a 81 trabajadores de forma directa y a unos 300 pertenecientes a la industria auxiliar.

Instalaciones de Unión Naval Valencia en el puerto de Valencia

En estos momentos, los astilleros del puerto de Valencia se encuentran culminando cuatro remolcadores para el puerto de Amberes, un extremo que también ha confirmado el Comité de Empresa a esta publicación. Está previsto que dichos pedidos estén culminados el próximo otoño.

El pasado viernes la empresa presentaba a los representantes sindicales su propuesta, que pasa por un ERE de Extinción de toda la plantilla, “que afectaría también a la alta dirección”, afirma Javier Aguilar, presidente del Comité de Empresa.

A partir de ese momento, se abre un período de consultas (de alrededor de un mes), seguido de un período de negociación de otro mes de duración. Una vez finalizado este plazo, se abre una doble posibilidad. Por un lado, de haber acuerdo, se llegaría hasta el final con el ERE. De no haber acuerdo, una situación que se producirá casi con toda seguridad, deberá ser la Autoridad Laboral la que determine la idoneidad o no de ese ERE. De hecho, en el mes de julio está prevista la salida de 53 personas, mientras que el resto de la plantilla permanecerá en su puesto de trabajo para “cubrir las necesidades que haya hasta el final de la actividad”, afirma Aguilar.

Unión Naval Valencia no espera, por el momento, que pudiera concretarse algún pedido hasta el otoño. La empresa hacía público un comunicado en el día de ayer en el que no se recoge esta posibilidad, ni el Comité de Empresa tiene constancia de nuevos encargos o nuevos contactos con posibles futuros clientes.

En lo único que coinciden empresa y trabajadores es que el astillero tendrá alguna actividad, aunque discrepan en lo demás. Boluda Corporación Marítima “prevé mantener la concesión hasta su vencimiento, desarrollando actividades compatibles con el objeto de la concesión”.

Esta afirmación era confirmada en cierta manera ayer por el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Rafael Aznar, que confirmó que “el objeto concesional es amplio, ni mucho menos se trata del cierre del astillero. Se ajusta a las necesidades del mercado actual, habrá que afrontar la realidad hasta que se esté en condiciones de seguir operando”.

Y es que queda por aclarar qué va a pasar con la concesión que Unión Naval Valencia disfruta en el puerto de Valencia, y que finaliza en el año 2022. Desde el Comité de Empresa muestran su escepticismo con la futura actividad de las instalaciones, “ya que se deja de llevar a cabo construcción y reparación naval, dejando únicamente activa la reparación de contenedores, algo que desde hace años prácticamente no hacemos”. En referencia a esos plazos se manifestó Aznar, que recordó que “se trata de una concesión en regla, con unos plazos que hay que respetar y que tiene definidas unas actividades económicas por desarrollar”.

Tax Lease
En lo que sí coinciden tanto empresa como sindicatos es en fijar la política europea y su posición con las ‘tax lease’ como una de las causas de la pérdida de carga de trabajo de los astilleros.

Hasta hace poco, el sector naval y de construcción de buques en España gozaba de sustanciosas ayudas que mantenían a las empresas españolas del sector en ratios competitivos, ya que estas ayudas permitían a los armadores una rebaja en el precio final. Esa situación era denunciada a la Comisión Europea por parte de otros países miembros, provocaba una investigación de la Comisaría de Competencia de la UE y frenaba esas ayudas a los astilleros. La pasada semana el Gobierno Español remitía a Bruselas y a Joaquín Almunia, comisario de Competencia, su propuesta para unificar el sistema de bonificaciones español e igualarlo a otros similares en Europa, aunque aún no ha habido respuesta.

Boluda Corporación Marítima afirma en ese comunicado que “los astilleros españoles no cuentan con un marco legal para acceder al mercado y contratar nuevos buques en las mismas condiciones que el resto de astilleros europeos que disponen de sistema de ‘tax lease’ y que precisamente son los denunciantes del sistema español”.