El jueves Félix Crespo puso de nuevo en el punto de mira de la actualidad en las bases de contenedores, concretamente a la que gestiona la empresa Spanish Depot Service (SDS) en Castellar-Oliveral. En su primera intervención, el pasado jueves, el concejal aseguraba que el depot se encuentra en situación de “ilegalidad”, ya que el convenio que regulaba su actividad, firmado en 1999, “ha expirado a fecha de hoy”.

Sin embargo, el argumento ya no era mismo un día después. Efectivamente, el Pleno del Ayuntamiento decretó el cese de la actividad de la base de contenedores con carácter definitivo y anunció que procedería a su precinto si la empresa que la gestiona mantenía la actividad, pero Crespo se apresuraba también a señalar que SDS ha mantenido su actividad “en base a un convenio vigente que permite esa continuidad hasta su nueva ubicación”.

Por el contrario, el argumento que sustentaba el viernes la decisión del pleno era el hecho de que “la base se encuentra en una zona de huerta protegida, situada en la mencionada pedanía de Valencia, en el límite del Parque Natural de l’Albufera”.

Por su parte, Spanish Depot Service ya aclaró en un primer momento que solicitó su primera licencia de actividad en 1994 y por un plazo de cuatro año y que en 1998 se renegoció y se le dio cobertura a través del convenio suscrito un año después por TECOVASA (de la que forma parte SDS junto a otros depots), la Generalitat, el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria de Valencia.

Dejando a un lado y solucionado el tema de la ilegalidad, fuentes de SDS aseguraban el viernes a este diario que cuentan con la autorización pertinente para operar en la zona en la que se encuentra la base en Castellar. “Al tratarse de una zona no industrial, contamos con la correspondiente Declaración de Interés Comunitario, aprobada por la Conselleria y que nos autoriza a desarrollar nuestra actividad en esa área”, indican estas mismas fuentes.

Por otra parte, y en relación a la decisión del Ayuntamiento, Spanish Depot Service se remite a lo anunciado un dìa antes: solicitará la suspensión cautelar del cierre mientras que el asunto sigue su cauce en los juzgados. En este sentido, desde SDS recuerdan que el Ayuntamiento “no puede adoptar esta decisión de forma unilateral” y que, en todo caso, será un juez el que determine si el Ayuntamiento tiene o no razón.

La otra alternativa que pondría fin a la vigencia del acuerdo suscrito en 1999 es que la Comisión de Seguimiento del acuerdo, integrada por un representante de cada una de las partes firmantes, considere que se han cumplidos los objetivos que llevaron a su firma.

Solución
El primero de estos objetivos es, tal como recuerdan desde SDS, “encontrar una solución global y definitiva al emplazamiento de los depots”. Y en esto, la empresa es tajante y asegura que “no existe tal solución”. El Parque Logístico de Ribarroja, al que han trasladado ya sus instalaciones algunas bases de contenedores, no es para Spanish Depot Service una solución definitiva. “No tenemos ningún problema en trasladarnos a Ribarroja, pero hay que considerar las condiciones y se trata de una gran inversión. No es una solución definitiva - señalan estas mismas fuentes - desde el momento en que se concede una autorización temporal para diez años en la que ni siquiera se garantizan los diez años de permanencia, reservándosela Administración la potestad de cambiar de opinión antes de que cumpla el plazo”.

Sobre el perjuicio que supone para el entorno la actividad de la base, desde Spanish Depot Service recuerdan que con anterioridad en esa zona estaba ubicado un campo de tiro al pichón y que “pocas cosas hay tan contaminantes como el plomo”. “Nosotros - añaden- tenemos la ISO 14001 y cuando dejemos la actividad el terreno quedará en unas condiciones impecables”. “Además - concluyen estas mismas fuentes - es la propia Confederación Hidrográfica del Júcar la que nos audita regularmente en relación a los vertidos”.