El pasado miércoles tuvo lugar, en el Salón de Actos del Colegio de Abogados de Valencia, una conferencia sobre “La responsabilidad del consignatario y el contrato de transporte marítimo”.

La conferencia corrió a cargo de Andrés Recalde Castells, Licenciado en Derecho y Doctorado por la Universidad de Alcalá de Henares. Actualmente, Recalde es Catedrático de Derecho Marítimo en la Universidad Jaime I de Castellón.

Jorge Selma, secretario general de ATEIA Valencia fue el encargado de la presentación. Junto a él, en la mesa de ponencias se encontraban Valentín Serrats y la abogada Alicia Montañés, quienes participaron en la mesa de debate que tuvo lugar tras la ponencia.

Ante un público entendido en temas de derecho marítimo, Recalde confesó la “frustración” que sentía ante no poder plantear el tema previsto, puesto que había preparado su presentación a la luz de “una sentencia del Tribunal Supremo que debía haberse publicado en julio, y que unificaría la doctrina sobre este tema tan polémico”.

Así pues, el ponente ha destacado que hoy en día, “el derecho marítimo se rige por las Ordenanzas de Bilbao de 1987”.

También ha recordado que los grandes avances de la navegación, “como es el caso de la propulsión de los barcos con fuel, las limitaciones de los tiempos de estancia en puertos, los cascos de metal, las técnicas de navegación con fines distintos al transportes o la importancia de la velocidad se gestaron en el s. XIX”. Por este motivo, “el Código de Comercio de 1829 quedó obsoleto e incluso el de 1885 nació viejo para su tiempo, al no contemplar todos estos aspectos”.

Regulación anticuada
En buena medida, el Derecho Marítimo es un bloque anticuado, que no “da la respuesta adecuada a las exigencias que hoy se plantean”. Es pues “necesaria la reforma que hace muchos años estamos planteando”.

Recalde ha comentado que en los años 80 y 90, “la Comisión General de Planificación elaboró un proyecto de ley para sectores como el de salvamento marítimo o el de los consignatarios”.

Pero estos documentos jamás llegaron a ser aprobados por el Ministerio de Justicia.

En el año 2004, la misma Comisión presentó una propuesta de Ley General de Navegación Marítima; un texto “merecedor de importantes elogios”, redactado por “importantes personajes del mundo marítimo del sector”.

Era “positivo” porque, en primer lugar, “desvinculaba el derecho marítimo (que rige las exigencias de navegación) y el derecho mercantil (que rige la actividad de las empresas), el derecho público del privado y además hablaba de la alineación con las concesiones internacionales”.

Recalde ha señalado que en el derecho marítimo “están presentes intereses generales, pero
no conviene convertir el derecho marítimo en un derecho general del mar, puesto que el que mucho abarca poco aprieta”.

“Bastante estropeado”
Aquel texto se hizo público en 2004, pero encontró oposición en todo el sector marítimo.

Según Recalde, “era un texto técnicamente bastante estropeado”, pero llegó al Congreso y se presentó como proyecto de ley. Al abrirse el periodo de enmiendas, y según sus propias palabras, “no volvimos a saber nada más de él”.

En definiva, y según el Catedrático de Derecho, “no va a haber reforma del derecho marítimo y seguiremos con las Ordenanzas de Bilbao y los Códigos de Comercio de 1829 y 1885”.

Ahora, “veremos qué pasa en la próxima legislatura”.

Recalde también se ha mostrado descontento con el desconocimiento, por parte de muchos sectores entre los que se encuentra el Tribunal Supremo español, “de la figura del consignatario, que es una persona, normalmente jurídica, que actúa por cuenta del naviero y profesionalmente se dedica a actividades materiales y jurídicas de asistencia al buque cuando llega al puerto”.