En el acto estuvieron presentes la Ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado; la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá; el conseller de Economía y Hacienda y vicepresidente segundo del Consell, Gerardo Camps; y Michel Bonnefous, presidente de ACM.

El principal escollo que aún separa al Consell y al ayuntamiento, por un lado, y al Estado, por el otro, es el de la composición del Consorcio Valencia 2009. El Gobierno quiere más protagonismo en este órgano de decisión, mientras que las administraciones local y autonómica no quieren que se eche por tierra “los derechos e intereses de los valencianos”.

Después de recordar que la Comunidad Valenciana “será la capital mundial de la vela” en los próximos años, Rita Barberá recordó que en todos los grandes eventos, el alcalde de la ciudad anfitriona ha presidido el organismo de dirección del mismo, “fuera del color político que fuera”.

En ese sentido, la primera edil afirmó tener “toda la buena voluntad para llegar a acuerdos”, aunque recordó que “los valencianos otorgaron la confianza al proyecto que represento, y eso se ha de tener en cuenta”.

Además, la alcaldesa dejó claro que “quiero ostentar la presidencia no por poder, sino por fueros”, y explicó que “en el Consorcio Valencia 2007 se llegaban a acuerdos por unanimidad”.

Propuestas
Por su parte, la Ministra Elena Salgado explicó que ya se han hecho llegar a Valencia varias propuestas y que, de momento, todas han sido rechazadas.

Tanto la posibilidad de que la presidencia sea rotatoria (dejando los momentos más importantes en manos de la alcaldía), como una configuración del Consorcio Valencia 2009 en función de la inversión de cada Administración (el Gobierno corre con el 40% del canon, lo que supone unos 42 millones de euros, de los algo más de 100 millones del total) no han sido tenidos en cuenta por la alcaldía ni la Generalitat Valenciana.

Por el momento, y tras la firma de ayer del contrato, se abre un período de consultas entre las tres administraciones con el objetivo de llegar a un acuerdo.