La Asociación de Prejubilados de Unión Naval de Levante, en su lucha por la defensa de los derechos de las víctimas del amianto, ha denunciado las dificultades con las que se encuentran estos trabajadores para que su enfermedad, que en la mayoría de los casos deriva en la muerte, sea reconocida como profesional y recibir así una compensación económica. En lo que va de año, han sido tres los fallecidos por cáncer de pleura y de pulmón, dos de las enfermedades que se relacionan directamente con la exposición a la fibra de amianto. Una cifra preocupantes, si se tiene en cuenta que la aparición de los efectos por exposición a este material, que se comenzó a usar en los años 70, pueden tardar en aparecer en 30 años, por lo que se teme que el número de afectados se multiplique en los próximos años.

Sin embargo, y a pesar de las pruebas que vinculan esta exposición con enfermedades como el cáncer de pulmón y el de pleura, los familiares y las víctimas continúan sin que se reconozca sus derechos y compensaciones derivados de esta enfermedad laboral, por lo que esta asociación reclama mayor sensibilidad por parte de la justicia, la administración, así como de la empresa Unión Naval de Valencia, que siempre se ha desentendido de esta problemática.

Actualmente y gracias al trabajo de esta asociación se están realizando revisiones postocupacionales a todos los trabajadores de los astilleros, tal y como exige el 'Protocolo de Vigilancia Sanitaria Específica del Amianto'. De las 200 realizadas hasta el momento, 10 personas son portadores de amianto en la pleura, y por lo tanto, proclives a tener un cáncer de este tipo en los próximos años.

Sin embargo para conseguir un reconocimiento de esta enfermedad hay que librar duras batallas en los tribunales, por lo que desde esta asociación se reclama una ley que ampare a los afectados donde se flexibilice el criterio médico, donde se aplique a todos los trabajadores expuestos a este material un coeficiente reductor que permita anticipar la jubilación y donde se estipule la creación de un fondo de indemnizaciones para los afectados y sus familiares sin tener que recurrir a los Tribunales.

Hasta el 2030 se calcula, según diversos estudios, que en España puedan morir de cánceres provocados por la exposición al amianto en las dos últimas décadas, entre 40.000 y 60.000 personas sobre todo en Galicia, Cataluña, Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana y Asturias.