Según la normativa de la IMO, la verificación del peso de los contenedores, responsabilidad del cargador, entrará en vigor el próximo 1 de julio de 2016. Dada la importancia que tiene este punto tanto para las empresas consignatarias como las terminales portuarias se constituyeron dos grupos de trabajo, uno a nivel local y otro en el seno de Anesco. Sin embargo, y tras varios meses de trabajo con la administración, todavía no se ha avanzado lo suficiente y no se ha redactado la normativa necesaria para la aplicación de esta directiva de la IMO en España.

Gustavo Ferrer, Vicente Boluda, Antonio García y Antonio Crespo

En este contexto, las empresas mostraron ayer su preocupación, ya que la fecha de entrada den vigor se hacer y tanto consignatarias como terminales neesitan conocer las nuevas exigencias para adaptar sus sistemas. Además, los cargadores deberían ser conocedores también de esta nueva normativa para que las exportaciones no se vean afectadas. Y es que a partir del 1 de julio no se podrá cargar ningún contenedor a bordo cuyo peso no haya sido verificado por el cargador. Será éste quien comunique la verificación al consignatario y este último quien lo comunique al armador del buque y la terminal. Con todo, desde la Naviera consideran que es imprescindible que la administración publique la norma y lo haga antes del final de esta legislatura, ya que de lo contrario los plazos de adaptación no serían los suficientes.

Por otro lado, en la asamblea se habló sobre la modificación en el sistema de gestión de escalas (presentación del DUE) de la autoridad portuaria. En este sentido, tras la implantación de la ventanilla única, en el marco de Anesco, se produjo una reunión con la Dirección General del Cuerpo de Policía Nacional, en la que se transmitió la urgencia de revisar y mejorar la información que se envía a estos cuerpos de seguridad sobre las listas de tripulantes y pasajeros a través de la ventanilla única.

Asistentes a la asamblea general conjunta

Desde la Naviera se va a participar en el trabajo de un grupo mixto (cuerpos de seguridad y empresas). Por su parte, la Asociación ha recomendado a sus asociados que procedan a revisar sus procedimientos y comprobar que la información que se transmite es correcta.

En la reunión también se trató la Ley reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero. El pasado 22 de octubre se publicó en el BOE la norma por la que se modifica la protección social de estos trabajadores. De entre las novedades destacan lñas relativas al campo de aplicación del régimen especial de la seguridad social de los trabajadores del mar (REM). En este sentido, quedarán comprendidas en el REM las personas que desarrollen actividades de carácter administrativo, técnico y subalterno en empresas de estiba portuaria. El cambio es efectivo a partir del 1 de enero.

Por otro lado, se acordó que desde la Naviera y en representación de sus asociados se mantendrán reuniones con prácticos, amarradores y remolcadores para la implantación de la Guía práctica para la coordinación de actividades empresariales de las empresas consignatarias en los puertos de Valencia, Sagunto y Gandía.

La gestión de los aprovisionamientos al buque y su tramitación ante la Aduana también fueron tratados en la reunión. En este sentido, son los consignatarios los responsables de la falta de información ante la aduana. En este punto, se informó de que la Autoridad Portuaria se ha comprometido a notificar a los provisionistas que accedan al puerto la obligación de informar al consignatario de cualquier avituallamiento. También está previsto desarrollar una aplicación en el marco del portal valenciaportpcs.net.

Finalmente, se informó que la Naviera ha solicitado la suspensión cautelar de la sanción impuesta por Competencia y ha presentado un recurso ante la Audiencia Nacional.