Según el comunicado emitido por la Comisión Nacional de la Competencia, se llega a esta resolución “por acuerdos para fijar los precios y repartirse el mercado en colaboración con la Autoridad Portuaria de Valencia y la Conselleria de Infraestructuras y Transportes” de la Comunidad Valenciana.

Con la resolución de ayer se cierra un periplo abierto en junio de 2011, y que ha condicionado en buena parte la idiosincrasia del transporte de mercancías por carretera vinculado al puerto de Valencia en los últimos dos años.

Hace ahora algo más de dos años, la CNC incoaba un expediente contra ELTC, Transcont, la Asociación Naviera Valenciana, ATEIA-OLTRA Valencia, Transconval, la FVET, la Consellería de Infraestructuras y Transportes de la Comunidad Valenciana y la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) por “prácticas prohibidas en el artículo 1 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia (LDC) y en el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)”.

En junio del pasado año, la Comisión Nacional de la Competencia decidía ampliar este expediente incluyendo a las tres terminales de contenedores del puerto de Valencia: TCV, Marítima Valenciana y su sucesora, Noatum Ports Valenciana (Noatum CTV) y MSC Terminal Valencia.

En el comunicado, se considera que las asociaciones “han distorsionado el normal funcionamiento de la oferta y la demanda de los servicios de transporte de contenedores de forma constante y reiterada, mediante acuerdos para homogeneizar los precios del transporte por carretera y otras prestaciones unidas al transporte e incluso de las indemnizaciones por paradas, así como la aplicación de forma coordinada de los incrementos del IPC o del gasóleo”.

En ese sentido, asegura que “para conseguirlo han llevado a cabo repartos del mercado y restricciones de la oferta mediante la limitación de vehículos a los que se les permite entrar y prestar servicio en el puerto”.

Por lo que respecta a las tres concesionarias de terminales imputadas, se les reprocha “la concertación con las asociaciones de transportistas para fijar el precio y las condiciones de su derecho a la indemnización por parada”.

La APV y la Conselleria de Infraestructuras también cometieron infracciones. A juicio de Competencia, la Autoridad Portuaria de Valencia participó “en la adopción de acuerdos y compromisos sobre la actividad del transporte de contenedores por carretera en el Puerto de Valencia relativos a la fijación de precios y condiciones comerciales, la limitación o control de flotas y el reparto de mercado”. En cuanto a la Conselleria, Competencia afirma que “desempeñó un papel activo en la organización y vigilancia de la adecuada ejecución de un acuerdo de fijación de precios, contribuyendo a su mantenimiento en vigor y a restringir grave y prolongadamente la competencia en el mercado”.

La Conselleria ha sido el único protagonista de toda esta historia que no ha sido multada. Fuentes de la CNC consultadas por esta publicación matizaron ayer que aunque está probado el papel de la Conselleria, no se le ha multado porque “en otras ocasiones, la CNC ha multado a otras Administraciones Públicas y la Audiencia Nacional siempre se ha pronunciado en contra.

Por ese motivo, Competencia está a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie y se cree la jurisprudencia necesaria para dilucidar si la CNC tiene competencia para multar o no a un organismo público”. Fuentes de la conselleria consultadas por esta publicación aseguraron que “lo que hicimos en su momento fue convocar una reunión para desbloquear el conflicto, no hicimos nada más. Actuamos correctamente”.

Javier Gimeno, presidente de Transcont Comunidad Valenciana, reconoció en declaraciones a esta publicación que “estamos analizando en estos momentos con nuestro gabinete jurídico lo que debemos hacer”, en cuanto a si recurrirían o no la resolución.

A última hora de la tarde, la APV hacía público un comunicado afirmando que “no ha llevado a cabo actuación restrictiva alguna de la libre competencia en las actividades de transporte de mercancías en el entorno portuario”. “Nuestra actuación ha estado presidida por el diálogo, propiciar el acercamiento de las posiciones de las partes, dado el fuerte impacto en la actividad portuaria”. La APV analizará el contenido de la resolución y decididirá si recurre la misma.

MULTAS
ELTC: 12.692.462 euros

Transcont: 3.048.395 euros

Transconval: 9.910.829 euros

FVET: 200.000 euros

ANV: 3.307.783 euros

ATEIA: 13.144.444 euros

TCV: 403.096 euros

Noatum CTV[: 561.390 euros

MSCTV: 252.318 euros

APV:[/b] 100.000 euros