El Puerto de Tarragona inyecta más de 5 millones de euros a sus proveedores en el primer mes de crisis del Covidien-19
El Puerto de Tarragona puso en marcha la medida el día 17 de marzo, y hasta el día 16 de abril, se han realizado pagos por valor de más de 5 millones de euros para inyectar liquidez en las empresas proveedoras. En el primer mes de crisis del Covidien-19, el Puerto ha avanzado el pago de un total de 488 facturas que han beneficiado 330 empresas.
La acción llevada a cabo por el Puerto de Tarragona tiene como objetivo mitigar los efectos de la crisis en el tejido empresarial y contribuir a combatir la falta de liquidez en los flujos de caja de las empresas proveedoras, teniendo especial cuidado de las pequeñas y medianas .
En esta situación de enfriamiento de toda la actividad económica, las empresas sufren problemas para hacer frente al pago de nóminas, proveedores, etc. Con este acortamiento del período de pago, el Puerto quiere contribuir a paliar los efectos negativos de la pandemia de Covidien-19.
El Puerto de Tarragona infraestructura clave
El Puerto, como infraestructura clave de la economía, trabaja para favorecer y dinamizar la economía en su área de influencia. El Puerto de Tarragona sigue abierto y funcionando, con operativas diarias en casi todos los tráficos de mercancías dado que el abastecimiento de energía, materias primas y agroalimentarios son esenciales en estos momentos de crisis sanitaria.
Una parte muy importante de la plantilla del Puerto sigue desarrollando trabajo no presencial.
En este caso, los trabajadores y trabajadoras del departamento administración y finanzas del Puerto trabajan desde sus domicilios particulares para prestar el servicio con la máxima normalidad posible.
Los proveedores y el Puerto trabajan al 100% con factura electrónica la que se tramita a través de la plataforma FACE. El sistema FACE es el Punto General de Entrada de Facturas de la Administración General. La plataforma permite el envío de facturas en formato electrónico a aquellos organismos de las administraciones, sin importar el volumen de facturación anual, tamaño o nivel de informatización, a proveedores de bienes y servicios de las administraciones públicas.
