El inminente cambio en la normativa que regula el acceso al permiso de conducción profesional es una buena noticia, sólo aparentemente.

Ante la necesidad de trasponer la Directiva 2006/16 de la Unión Europea, se pierde una gran oportunidad de permitir a nuestros jóvenes el acceso a una profesión que, en su momento, estaba configurada para ser un oficio vocacional, que se ejerciera con orgullo corporativo.

El acceso a un carnet profesional a la edad de 18 años se limitará a los de tipo C. Pero –en una curiosa pirueta en la que se baja una barrera para levantar otra- tras realizar 280 horas de formación CAP ordinario, en lugar de las 140 de CAP inicial.

Si el quid de la cuestión está en la seguridad, es muy posible que se esté tocando de oído. El factor que incide en la siniestralidad en los conductores profesionales no es tanto la edad como el número de horas prácticas, al volante –y no en aulas- que el profesional ha ocupado en sus procesos de capacitación.

He aquí la razón principal del problema endémico de falta de entrada de conductores en el sector: la acumulación de normativas desconectadas entre sí y, sobre todo, de las necesidades de las empresas, que convierten la profesión en algo difícilmente alcanzable, por la cantidad de tiempo y de recursos que los aspirantes y sus familias tienen que dedicar.

Cuando la tasa de desempleo en menores de 25 años, en nuestro país, es del 41,7% y las empresas reportan carencias de profesionales de hasta un 23% de media en las plantillas de las empresas de transporte de mercancías y de un 19% en las empresas de transporte en autobús (y con edades medias de hasta 52 años), urge abordar, en profundidad, una serie de cambios que actúen sobre todas las causas del problema.

Una de ellas es la Formación Profesional que, sin duda, es un canal muy fiable y eficaz de entrada al mercado del trabajo pero que, en el sector de transporte por carretera, aún tiene mucho recorrido para demostrar este potencial.

La idiosincrasia de este oficio requiere tanto de infraestructuras –centros con pistas y, ojalá, simuladores que permitan el desarrollo de las habilidades adecuadas-, inversiones más elevadas que para otras titulaciones -los vehículos no están al alcance de cualquiera- y una cualificación muy especializada en los equipos de profesores.

Adicionalmente, y en especial, la colaboración entre los centros y las empresas, para dotar a los alumnos de las horas de prácticas al volante que tan útiles son para garantizar la seguridad. En pocas profesiones como en esta la ligazón del alumno con la empresa que ofrece la FP Dual es más beneficiosa

El papel de las Autoescuelas también es muy relevante para garantizar la calidad de los profesionales, y para ello la carga lectiva en horas prácticas de conducción es fundamental.

Precisamente este es un elemento de coste para estos centros, que no se sentirán incentivados a invertir en vehículos y profesores cualificados si no hay suficientes alumnos
motivados a obtener los permisos.

Y el diseño de los procesos de formación continua, tan costosos para las empresas, deben responder también a los cambios a los que el sector se está viendo sometido, ahora y en el futuro inmediato.

La tecnología y electrónica a bordo va a requerir profesionales capaces de adaptarse a las novedades en los vehículos. La formación en aula, que está desapareciendo a pasos agigantados en todos los modelos educativos, aún parece un tótem inamovible en el transporte.

Y, por último, el papel de las empresas no es menor, ni pasivo, pues están obligadas a crear –junto con las organizaciones sindicales- unas condiciones sociales que hagan que merezca la pena apostar por la profesión de conductor profesional.