Dada la publicación de la Sentencia en la causa especial 20907/2017 seguida en la Sala 2ª del Tribunal Supremo sobre el proceso en Cataluña, el Consejo de Presidentes del Consejo General de Cámaras ha aprobado por mayoría la siguiente posición:

La judicialización de la política que ha vivido y vive nuestro país, la falta de seguridad jurídica, y la inestabilidad económica que se deriva, perjudican el tejido empresarial.

Consideramos que las personas juzgadas ejercieron derechos fundamentales reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (y en la propia Constitución española) y cumplieron con un mandato democrático surgido de las urnas por lo que correspondería una sentencia justa absolutoria. Dado el momento excepcional que vivimos, las Cámaras de Comercio no podemos permanecer indiferentes y, aunque no apoyamos un paro de país, respetaremos la respuesta mayoritaria de la ciudadanía siempre y cuando sea en un contexto de defensa no violenta de la democracia, la libertad y los derechos individuales y colectivos.
Con esta finalidad instamos a los representantes de las instituciones a reiniciar vías de diálogo efectivo como mejor “respuesta de país” y buscar acuerdos y garantías con el Gobierno del Estado a fin de encontrar una salida a la actual callejón sin salida.

Como institución económica debemos recordar que, más allá de las legítimas aspiraciones democráticas de autogobierno de Cataluña y de sus ciudadanos, buena parte del conflicto político que hemos vivido en los últimos años y que ha degenerado en la injusta situación en la que hace referencia este manifiesto tiene su origen en un agravio económico del Estado hacia Cataluña. Este desequilibrio se concreta en una falta de retorno en forma de inversiones en infraestructuras y otras actuaciones, los recursos que aporta el país a la caja común del Estado. Un perjuicio de que, lejos de corregirse, se ha agravado en los últimos años hasta llevar el país y su tejido empresarial a un ahogo que supone un verdadero lastre para su desarrollo social y económico.

Finalmente invitamos a patronales y organizaciones empresariales, sindicatos y resto de operadores económicos a añadirse a este manifiesto y trabajar conjuntamente para garantizar los derechos y libertades en nuestro país, en beneficio de la ciudadanía, las empresas y sus trabajadores.