Más de diez años después de que el proyecto del Corredor Mediterráneo se diera a conocer con un amplio soporte político y social, su grado de ejecución está muy lejos de haber cumplido los plazos razonables de una infraestructura de trascendental importancia para toda España y que en el momento actual constituye un instrumento fundamental para la reconstrucción y reactivación económica del país, la generación de empleo y la gestación de un proceso de desarrollo sostenible plenamente ajustado a la estrategia de la Unión Europea y al destino de los Fondos por ella habilitados para afrontar el problema generado por la Covid-19.

En un momento en que se vienen diseñando en nuestro país los proyectos que validarán la concesión de los fondos europeos destinados a España para combatir la crisis económica y social generada por la pandemia, se impone acelerar de forma decidida este proyecto, tantas veces pospuesto por los sucesivos gobiernos de España, para conseguir los recursos que permitan su inmediata ejecución.

Es un proyecto tractor, que ya está planificado y de extraordinaria importancia para reactivar y hacer más competitivos numerosos sectores de nuestra economía y que cumple con las estrategias transformación digital y verde de nuestra economía y sociedad.

La razón fundamental que lo avala es su relevancia para la recuperación y transformación de la economía española y su significativa contribución al desarrollo económico, social y medioambiental de España y Europa. Sin olvidar que el Corredor Mediterráneo es considerado por la Comisión Europea un componente de la red básica de infraestructuras ferroviarias europeas, y por tanto destinatario de recursos comunitarios.

Los argumentos que sustentan esta demanda son varios y plenamente coherentes con el enfoque de la estrategia europea. Entre ellos son de destacar los siguientes:
1) El impacto directo de la construcción en tiempo récord de una doble plataforma ferroviaria (para el tráfico de mercancías y de pasajeros), junto al importante efecto multiplicador (vía demanda en otros sectores que proveen de materiales de construcción y transporte, así como servicios) que ello genera, constituye un poderoso instrumento de reactivación económica y un motor fundamental de crecimiento y generación de empleo.

2) La disminución del coste de transporte que supone el contar con una plataforma independiente para el tráfico de mercancías en ancho internacional que conecte el Arco Mediterráneo Español, responsable de casi la mitad de las exportaciones españolas, con el resto de Europa, que no sólo genera ahorro en el transporte, sino una mayor seguridad y pronta entrega de la mercancía en su lugar de destino, especialmente en invierno. A lo que hay que unir la influencia positiva que un transporte con un menor impacto ambiental tiene en una demanda, la europea, cada vez más sensibilizada ambientalmente.

3) La mayor accesibilidad que supone el contar con una plataforma de alta velocidad para pasajeros que conecte, de forma fácil, rápida, a menor coste y con menor impacto ambiental, a la mayor oferta turística de España y su principal mercado, el europeo, lo que constituye una significativa mejora de nuestro producto turístico. Sin olvidar el efecto económico, social y ambiental positivo que la interconexión en alta velocidad dentro del Arco Mediterráneo Español, densamente poblado y con fuerte presencia foránea, trae consigo.

4) La capacidad de desviar una parte muy significativa del tráfico de mercancías que discurre entre Europa y Asia a través de los puertos del Mediterráneo español, con los efectos económico, de creación de empleo, de atracción de inversiones y desarrollo de nuevas actividades que ello trae consigo. Todo lo cual contribuye no sólo a la expansión económica sino también al cambio en el sistema productivo y la calidad del empleo.

5) Desde el punto de vista social no sólo constituye un gran creador de empleo directa e indirectamente, sino que contribuye al rescate de actividades (agricultura e industria) y colectivos (agricultores, trabajadores de la industria y de los servicios) afectados por la pérdida de competitividad que la ausencia del Corredor Mediterráneo genera.

El gobierno de España y los partidos con representación parlamentaria, no pueden olvidar la trascendencia de este proyecto en este momento histórico, tanto para la recuperación de la economía y el empleo como para sustentar un auténtico proceso de desarrollo sostenible en nuestro país. Todo lo cual constituye un importante aval para justificar con mucha solvencia el acceso a los fondos comunitarios. Sin omitir que es un proyecto de interés general, exento de carga ideológica y que cuenta con un amplio respaldo de la sociedad civil.