El término whistleblowers, se emplea en Europa para denominar a los denunciantes de corrupción, define a un ciudadano que decide dar a conocer un hecho presuntamente criminal como un delito, un peligro o un fraude a la sociedad civil. La revelación de información puede realizarse de forma sencilla mediante la información de los hechos o incluso con la filtración de documentos y pruebas que corroboran los datos. El vocablo se circunscribe al ámbito laboral u organizacional, mientras que los términos equivalentes en castellano pueden emplearse también a actuaciones en otros ámbitos.

La revelación de esta conducta puede realizarse con la violación de una ley, regla o regulación que puede ser una amenaza al interés público (fraude contra leyes de salud o seguridad y/o corrupción política). Los whistleblowers, pueden manifestar lo oportuno internamente, con otras personas en la organización o, externamente a reguladores, agencias, medios de comunicación, o grupos que tengan relación con el asunto. Frecuentemente se ven obligados a afrontar represalias de las manos de la organización o grupo acusado, o de organizaciones y gobiernos indirectamente relacionados. La protección legal para la práctica de la delación varía de un país a otro y puede depender del país donde ocurrió la actividad denunciada, de dónde y cómo fueron revelados los secretos, y cómo llegaron a publicarse. En España, la protección del denunciante en el marco de los canales de denuncia carece de regulación alguna.

En noviembre de 2018, se aprobó la Directiva Europea 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión y entró en vigor el 17 de diciembre, si bien se dio dos años a los 27 países de la Unión Europea para trasponerla. El texto, establece unos canales protegidos de denuncias y prohíbe cualquier represalia contra quienes saquen a la luz irregularidades en empresas privadas y organismos públicos.

Desde el Ministerio, se está trabajando en su trasposición, que debe aprobarse antes del 17 de diciembre de 2021. En la primera sesión constitutiva del grupo el Pleno del Congreso de los Diputados, se ha rechazado la Proposición de Ley de Medidas de Lucha contra la Corrupción, presentada por Ciudadanos, que sí ha recibido el apoyo del PP, VOX y Más País. Esta vez, PSOE y Unidas Podemos, junto a otros grupos como ERC, PNV y parte del Grupo Mixto, han afirmado que es insuficiente por no tener en cuenta la corrupción en el ámbito privado.

Los denunciantes tienen un rol fundamental en la investigación y sanción, pero la desprotección de estos está provocando unas pérdidas de entre 5.800 y 9.600 millones de euros anuales por lo que es urgente armonizar la legislación y salvaguardar a los whistleblowers.