Aunque el sistema ferroviario inició su andadura en España en la segunda mitad del siglo XIX, en los últimos cuarenta años ha sido el gran olvidado de la política de infraestructuras del gobierno español, si se exceptúan las actuaciones en materia de alta velocidad desde el centro de España a las principales ciudades nacionales. Estas inversiones, a pesar de algunas críticas, han sido de gran importancia para la modernización del sistema de transporte de pasajeros, la mejora de la imagen internacional, el atractivo turístico del país y el fortalecimiento del sistema español de ciudades con la capital de España como epicentro. Pero el olvido de aspectos fundamentales de un sistema ferroviario que responda a los retos económicos y sociales que afronta el país está teniendo y tendrá, si no se enmienda rápidamente, serias consecuencias sobre el futuro económico, social y medioambiental de España.

Entre estos olvidos destacan: un sistema eficiente de transporte de mercancías integrado en la red básica ferroviaria europea; la conectividad en alta velocidad de la periferia del país, donde se sitúan ejes fundamentales de desarrollo, como el Eje Mediterráneo, y la modernización del sistema ferroviario de cercanías.

Desde el pasado siglo ya se vislumbraban con claridad algunos grandes retos que afronta nuestra sociedad. Uno es la mejora del potencial de desarrollo del país que permita elevar la productividad y la competitividad y ayude a reducir el desequilibrio y endeudamiento externos.

Esto es fundamental para conseguir un crecimiento estable, crear más y mejor empleo y elevar el nivel de vida y el bienestar de los españoles. Las infraestructuras ferroviarias en ancho europeo, especialmente para el transporte de mercancías a larga distancia, así como una gestión eficiente del mismo, son de trascendental importancia para lograrlo, al ser nuestro principal mercado el europeo. Esta infraestructura no sólo reduce el coste de transporte, sino que mejora el acceso a los mercados de destino de nuestros productos y el servicio al cliente.

De ahí que desde la Fundación Pro-AVE estemos defendiendo con tanta intensidad la ejecución del Corredor Mediterráneo. Corredor que, al mismo tiempo, permitirá vertebrar mejor el país e integrar el principal eje turístico de España.

Si a esto se une la posición estratégica de los puertos del Mediterráneo español en la ruta que sigue el flujo de mercancías que circulan entre Asia y el centro y norte de Europa, lo que permite desviar -con ayuda de una línea ferroviaria en ancho europeo para el tráfico de mercancías- una parte del mismo por territorio nacional e impulsar nuevas actividades de alto valor añadido, nos haremos una idea de los costes sociales que semejante olvido o negligencia pública trae consigo.

El segundo reto fundamental que debe afrontarse es de índole medioambiental. Esto afecta tanto al transporte de pasajeros y mercancías a larga distancia como al de pasajeros a corta. El ferrocarril no sólo disminuye el coste económico en ambos tráficos, sino que reduce sensiblemente el impacto medioambiental de la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero. Si se tienen en cuenta las consecuencias ecológicas, sanitarias, económicas y sociales que la contaminación y el cambio climático conllevan, y que serán particularmente agudas en el sur de Europa en general y en España en particular, nos haremos una idea del alto coste que los olvidos en materia de infraestructura ferroviaria tienen para la sociedad española.

Dicho esto, parece evidente que una política racional y socialmente responsable no puede sustentarse en un supuesto conflicto entre opciones ferroviarias: cercanías contra alta velocidad y/o tráfico de mercancías, por ejemplo. Las tres son estratégicas para el desarrollo económico, social y ecológicamente sostenible. Por tanto, deben tener la máxima prioridad en la política pública y la selección de inversiones, lo que no ha ocurrido hasta ahora. Esto no implica, sin embargo, que dentro de la selección de líneas de máxima prioridad el impacto económico, social y medioambiental a corto, medio y largo plazo no deban ser criterios decisivos. Y a este respecto hay que tener en cuenta que las inversiones de mayor impacto económico en el corto y medio plazo cumplen una doble función: favorecer la sostenibilidad y generar recursos con los que financiar las menos rentables económicamente.

Un aspecto que resulta crucial en orden a maximizar la eficacia y eficiencia de la política de infraestructuras ferroviarias es el de la gestión del servicio. El monopolio actual por parte de una empresa pública constituye una opción altamente discutible a este respecto. Propiciar la competencia en el uso de la infraestructura pública y la gestión del servicio a los usuarios, así como la evaluación sistemática de la calidad del servicio por un organismo independiente y su uso como criterio de selección de los operadores, resulta fundamental al fomentar la calidad y la innovación. En suma, la competencia y la colaboración público-privada son claves para gestar un sistema ferroviario eficiente, innovador y al servicio de la sociedad.

Federico Félix
Presidente de la Fundación ProAVE
Vicepresidente de FERRMED