Ante las declaraciones efectuadas la pasada semana por el concejal Xiao Varela, la Autoridad Portuaria de A Coruña aclara lo siguiente:

La mayor parte de la superficie en la que se desarrollan las obras de la Marina están incluidas en el dominio público portuario. Por ello, de acuerdo con la Ley de Puertos del Estado, no están sometidas a los actos de control preventivo municipal.

En relación con el resto de la superficie, el título que habilita para su ejecución viene constituido por el convenio suscrito entre la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento el 10 de enero de 2012 para el desarrollo de la movilidad de la dársena de la Marina y el Parrote, y sus adendas, en base a los cuales, y de acuerdo con la Ley de Ordenación de la Edificación, ambas administraciones se constituyen en co-promotores de las obras públicas de interés general que se definen en su objeto, ya que ambas partes deciden, impulsan, programan y financian las obras que se proyectan en el convenio.

En este sentido, la Ley de Ordenación Urbanística de Galicia recoge que “las obras públicas municipales se entenderán autorizadas por el acuerdo de aprobación del proyecto, previa acreditación del cumplimiento de la legislación urbanística”, requisito que se cumple, tal como consta en los informes urbanísticos emitidos por el propio Ayuntamiento.

A mayor abundamiento, el 27 de marzo de 2014, en la segunda adenda al convenio, “el Ayuntamiento de A Coruña manifiesta que la propuesta de actuación se ajusta a la planificación urbanística de la zona y las directrices municipales para la urbanización de dicho ámbito, autorizando a la Autoridad Portuaria para su desarrollo y ejecución”.

Es decir, las obras se realizan con autorización expresa por parte del Ayuntamiento, que además ha realizado numerosos actos propios en relación con las mismas y que constan documentalmente, como la designación de los miembros de la comisión de seguimiento, asistencia a todas las reuniones convocadas al efecto, autorizaciones para los trabajos nocturnos, informes municipales relativos a la ejecución de las obras, visitas de los responsables municipales, ectétera.

Por todo ello, la Autoridad Portuaria lamenta que el Gobierno municipal pretenda entorpecer la finalización de la urbanización de la Marina y dificultar la apertura del tramo ya concluido, quizá por desconocimiento de la legislación o por otros motivos que tendría que explicar el Gobierno municipal.

Para la apertura de los tramos que ya están en uso público, la Autoridad Portuaria actuó en su momento en coordinación con el Ayuntamiento, ya que le corresponde a este la seguridad, vigilancia, limpieza, alumbrado, etcétera. En esta ocasión, y dado que el pasado mes de julio el Gobierno local comunicó por escrito su intención de acometer algunas actuaciones en el tramo que ahora está en condiciones de abrirse al uso ciudadano (sin mencionar en ningún momento la supuesta falta de licencia), la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento deben firmar un acta de puesta a disposición de los terrenos, que habilite al ente local a obrar en los mismos. Estaba previsto que este acta se firmase la pasada semana. Al no ser así, y ante el repentino cambio de posición por parte del Gobierno municipal, la Autoridad Portuaria citó al Ayuntamiento con el objetivo de que se pueda suscribir el acta y resolver la situación que se ha generado desde la Administración municipal.

Cabe subrayar que el Ayuntamiento nunca ha comunicado oficialmente que las obras carezcan de licencia. Lo único que le ha trasladado a la Autoridad Portuaria es una denuncia de un colectivo, pero el Ayuntamiento nunca ha transmitido que existiese un problema con la licencia o autorización municipales.

La Autoridad Portuaria espera que en estos encuentros el Ayuntamiento atienda a los principios de la legalidad vigente y, en beneficio del conjunto de los ciudadanos, facilite la apertura del nuevo tramo de la Marina.