Los responsables comunitarios, representados por miembros del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea (TCUE), han iniciado un procedimiento de inspección centrada en los puertos españoles y en Hacienda.

El motivo por el que Bruselas ha puesto el punto de mira nuevamente en España es porque en los últimos años el Ministerio de Fomento ha destinando 900 millones de euros procedentes de Fondos Europeos a Puertos Españoles.

La fiscalización del destino y resultado de las inversiones, se ha iniciado en Madrid pero tendrá proyección en los puertos mediante inspecciones físicas de las concesiones, autorizaciones y otros espacios portuarios, para comprobar si se han utilizado correctamente las partidas.

Paralelamente, Pastor está negociando con Arias Cañete y otros representantes de la Comisión Europea la solicitud de 8.642 millones de euros en Fondos para Conectar Europa (CEF), destinándolos a 144 proyectos de transportes y 4 de energía. Respecto a esta última partida, el Gobierno pretende fomentar el uso del gas licuado, ya que España tiene la posibilidad de abastecer a un gran porcentaje de buques con recursos gasísticos propios. Todo ello con el objetivo de bonificar la tasa del puerto en un 50% si es utilizado este gas, ya que es mucho más limpio y sostenible.

El problema que existe con estas ayudas europeas y que ha llamado la atención del TCUE es que Puertos del Estado anualmente aumenta sus inversiones y sin embargo, el tráfico de contenedores no crece proporcionalmente.

El Tribunal de Cuentas ha advertido la posibilidad de que existan muchas instalaciones portuarias desocupadas y espacios sin optimizar, ya que parte del suelo no se rentabiliza o podría amortizarse mucho más.

Todo esta investigación por parte de Europa, llega en un momento de transición y expectación
que trae causa en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014, cuyo fallo ha supuesto una incertidumbre a día de hoy no resuelta, sobre el futuro del actual sistema de funcionamiento de la estiba, que tiene al sector inmerso en un mar de dudas y huelgas originadas por el descontento con una sentencia ejecutable y de obligado cumplimiento.

Actualmente, los sindicatos han transmitido sus propuestas a Fomento, aunque las negociaciones avanzan muy lentamente y hasta mayo no se conocerá si existe acuerdo.

Coordinadora, UGT Y CCOO han basado su proposición en tres aspectos fundamentales consistentes en el mantenimiento de las SAGEP; en la preferencia de contratación de trabajadores portuarios, de forma voluntaria y mediante incentivos, y además; sugieren la protección de los trabajadores mediante la aplicación del Convenio 137 de la Organización Internacicional de Trabajo, que vela por el aseguramiento del empleo regular y estable.

No sorprenden las pretensiones del colectivo pero el Ministerio debe realizar un ejercicio de adaptación y consenso a las directrices del Alto Tribunal que no es sencillo y no puede demorarse.

En definitiva, el sistema portuario español es punto de mira en Europa, que no duda en
investigar in situ las infraestructuras y dotaciones de nuestros puertos y cuestionarse cuales son los fallos inadmisibles que presenta el entramado, tanto desde el punto de vista humano y profesional, como desde el financiero y económico y en su caso, iniciar los procedimientos judiciales y extrajudiciales pertinentes.

Paola Tellols
Abogada Colegiado 3.086 ICACS