El Ministerio de Ana Pastor cuenta en el Presupuesto de este año con 10 millones de euros para compensar a las compañías concesionarias de las autopistas, que son las que van a efectuar bonificaciones a los camiones de gran tonelaje que circulen por estas carreteras.

Fomento quiere activar progresivamente su Plan a partir de abril para prohibir que estos vehículos circulen por carreteras alternativas e imponer la obligación de circular por autopista siempre que exista esta opción.

Pues bien, los camioneros pagarán la mitad del precio del peaje estipulado en caso de utilizar sólo estos tramos, pero además si se circula todo el trayecto por estas vías, la bonificación en el precio del peaje será del 35%. En total, son 16 los tramos, que suman 1.347,5 kilómetros, en los que los camiones se verán obligados a abandonar su ruta habitual por carreteras de un único carril.

Según el gobierno, con esta medida se pretende reducir la siniestralidad, mejorar la seguridad de los conductores y también redistribuir el tráfico descongestionando carreteras con mucha afluencia de vehículos, además, desde el Fomento se describe esta novedad como una forma de registrar ahorros de costes de una media de 12 céntimos de euro por kilómetro (valorando el tiempo y coste del combustible). En estos momentos, el borrador del Plan se ha presentado a los representantes de los transportistas de mercancías por carretera y desde la administración se señala que quiere llegarse a un consenso entre el sector, la DGT y las sociedades concesionarias.

De forma generalizada, los transportistas terrestres rechazan esta medida por haber sido impuesta por la DGT y entrañar obligatoriedad para los conductores, además el colectivo está preocupado por si no hay un mantenimiento de la bonificación a medio o largo plazo, por lo que solicitan a Fomento un compromiso de establecerlo indefinidamente. El proyecto no se encuentra del todo desarrollado ya que, según el gobierno, se va a pactar con las organizaciones empresariales pero el asunto no va a estar exento de polémica, ya se han posicionado numerosos detractores, no hay que olvidar que el sector del transporte terrestre está atomizado y es bastante activo, habiendo manifestado anteriormente de forma clara su desacuerdo por otros aspectos (como el elevado precio del combustible).

No puede justificarse esta medida asociaciándola con la siniestralidad provocada por los vehículos pesados, no es un argumento sólido para defender este nuevo Plan del Ministerio, ya que, si en su caso, es uno de los motivos de esta decisión, para evitar accidentes existen otras medidas que no generan costes a los usuarios y benefician a todos los conductores, como la adecuación de las vías. Tampoco puede probarse de forma fehaciente el hecho de que vaya a suponer un ahorro de 0,12 euros, como se ha manifestado, cuando los propios conductores tienen importantes dudas acerca del coste real que puede llegar a tener. Desde mi modesta opinión, no son válidos todos los pretextos, la gestión de las autopistas es criticable y no desde ahora. Algunas de las empresas concesionarias de autopistas están pasando por un dificil momento financiero por lo que, esta obligación exigida al transportista puede suponer una ayuda al concesionario, que incrementará sus ingresos.

Paola Tellols
Abogada Colegiado 3.086 ICACS