La situación que se está viviendo en el puerto de Gijón, concretamente en la terminal de Ehbisa, parece ser más un enfrentamiento entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular (PP). Me refiero a que el primer partido está gobernando en la actualidad en Asturias, lo que supone gestionar el puerto de Gijón, mientras que el segundo establece la política a seguir en los puertos españoles de interés general, coincidiendo ahora con la entrada en vigor de la nueva Ley de Régimen Económico y de Prestación de Servicios en los Puertos de Interés General.

Con este panorama, nos encontramos que al frente del puerto de Gijón se encuentran profesional que intentan aplicar una gestión enmarcada dentro de la política del PSOE, mientras que la citada Ley recoge la política portuaria del PP. Por lo visto hasta ahora, ambas no coinciden, ya que los sindicatos, concretamente Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, están enfrentados con la Autoridad Portuaria de Gijón, mientras que reciben el apoyo de Puertos del Estado y, al parecer, de ANESCO en la interpretación de la redacción de la nueva ley en cuanto a la auto asistencia o terminales dedicadas.

Tras varias huelgas y un nuevo preaviso por parte del citado sindicato para la semana próxima, parecer ser que el Ministerio de Fomento se va a tener que "mojar", emitiendo su posición ante este conflicto, con la consiguiente repercusión que puede tener para las partes implicadas, ya que supondrá dar la razón a una de las partes frente a la otra. De producirse esta situación, ¿quién dará su brazo a torcer si cree que le ampara la razón? ¿serán los tribunales quienes diriman la situación? Y mientras ¿qué?.

Desde detrás del telón, los comentarios apuntan a que es un enfrentamiento entre ambos partidos, lo que puede suponer un problema para uno de los dos ante las elecciones generales a celebrar el próximo mes de marzo. Por su parte, Coordinadora ha iniciado los contactos y las negociaciones, con diferentes representantes políticos del PSOE en las diferentes comunidades autónomas, incluida la valenciana, así como con dirigentes nacionales para reconducir la situación del puerto de Gijón, que se puede generalizar en el ámbito nacional o en aquellos puertos dirigidos por políticos del PSOE, en función de la decisión que adopte el Ministerio de Fomento.

Esperamos que el sentido común y la interpretación correcta de la citada ley eviten la huelga general en el sistema portuario español, que tantos problemas ha tenido en los últimos meses, tanto durante la gestación de la Ley de Puertos como con la Directiva Europea de Liberalización de Servicios Portuarios, una directiva que al final ha quedado en nada y con muchas huelgas a la espalda.