El día 20 de octubre de 2011 se publicó en el BOE el Real Decreto legislativo 2/2011 de 5-IX de aprobación del texto refundido de la ley de puertos del Estado y de la marina mercante (1) que (entrando en vigor el día 21-X-2011):

A) Supone una respuesta al impacto de nuevos acontecimientos, presididos por un proceso imparable de mundialización de la economía y el comercio, la consolidación del mercado interior comunitario así como el desarrollo de una política común de transportes.

B) Refunde las sucesivas reformas de legislación portuaria para, de forma estable, garantizar la competitividad del sistema portuario de interés general, asegurando su contribución al desarrollo económico y social, con una clara finalidad homogeneizadora y clarificadora del contenido de la normativa.

C) Determina y clasifica los puertos de competencia de la Administración General del Estado (AGE); regulando su planificación, construcción, organización, gestión así como sus regímenes económico-financiero y de policía.

D) Regula la prestación y utilización de servicios en dichos puertos; determina la organización portuaria estatal con regulación de la designación autonómica de los órganos de gobierno de las Autoridades Portuarias; establece el marco normativo de la Marina Mercante; establece el régimen de infracciones y sanciones de aplicación en las materias de Marina Mercante y portuaria de competencia estatal.

E) Se estructura en título preliminar (con disposiciones generales referido a las materias básicas reguladas: puertos de responsabilidad de la AGE y Marina mercante); libro primero (referido a los aspectos relativos a la organización responsable de la gestión y al régimen presupuestario, tributario, patrimonial, de funcionamiento y control de dicha organización; el régimen de planificación y construcción de los puertos de interés general y las prescripciones ambientales y de seguridad; el dominio público portuario estatal desde el triple punto de vista de su gestión, su composición y su utilización -concesión y autorización demaniales y concesiones de obras públicas- que contendrán, entre otras, las condiciones procedentes de protección del medio ambiente, incluyendo las necesarias medidas correctoras; la prestación de servicios generales, portuarios y otros, y, en particular, el régimen del personal dedicado a la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías; el régimen económico del sistema portuario también desde el triple punto de vista de la organización gestora, de la utilización del dominio público y de la prestación de los servicios); libro segundo (sobre la Marina Mercante y referido a la explotación naviera, al régimen de navegaciones, a la administración marítima, al servicio de practicaje y a las tasas); libro tercero (como complemento de los dos libros anteriores, sobre el régimen de policía comprendiendo la ordenación de la explotación portuaria, las medidas garantes de la actividad tanto portuaria como de navegación y el Derecho sancionador).

F) Destaca -para el cumplimiento de la normativa- de la necesaria cooperación y colaboración entre las Administraciones públicas competentes, en la materia, entre sí y de estas con los operadores económicos.

G) Deroga, con carácter general, todas las disposiciones de igual o inferior rango que se le opongan y, en particular, las siguientes: Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante; Ley 62/1997, de 26 de diciembre, de modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante; Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general; Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general.

(1) Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
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Andrés Ortolá