La construcción del circuito automovilístico y la celebración de las correspondientes pruebas de fórmula 3 y fórmula 1 realizadas este verano pasado de 2008 en el espacio portuario de la ciudad de Valencia tuvieron lugar con:

- la dispensa de controles (de contaminación atmosférica y acústica) y de autorizaciones (licencia ambiental/autorización ambiental integrada/evaluación de impacto ambiental) ambientales en virtud de una decisión del Gobierno Valenciano adoptada mediante el Decreto 15/2008 de 8 de febrero.

- la aparente contradicción con el contenido de proyectos ya realizados como el denominado sympic (-financiado con fondos de la Unión Europea como proyecto life-, de control de contaminación atmosférica y acústica en los entornos portuarios de las ciudades italiana de Livorno, francesa de Toulon y española de Valencia) así como con las estipulaciones ambientales incluidas en las propuestas aprobadas de ampliación del puerto de Valencia.

- la aparente contradicción con normativa comunitaria como la Directivas 97/11/CE del Consejo de 3 de marzo de 1997 (que modifica las Directiva 85/337/CE relativa a la evaluación de las repercusiones de proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente), Directiva 2001/42/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de junio de 2001 relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente y la Directiva 2003/4/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 28 de enero de 2003 relativa al acceso del público a la información medioambiental (transpuesta al ordenamiento jurídico interno español mediante la ley 27/2006 de 18 de julio por la que se regulan los accesos a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente).

Estas consideraciones fundamentaron la presentación, en mayo de 2008, de un escrito de queja (y de solicitud del inicio de verificación del cumplimiento de la normativa comunitaria mediante una investigación preliminar) en la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo por parte del grupo conservacionista “Ecologistas en acción”. Tras su estudio por parte de dicha Comisión se ha informado de la aceptación a trámite de dicho escrito.

Andrés Ortolá
Jurista Medioambiental