Las sesiones fueron inauguradas por las titulares ministeriales presentes que destacaron la necesaria coordinación entre las ideas de aprovechamiento racional de los recursos pesqueros y de protección de la biodiversidad marina (ésta no solo referida a determinadas especies, sino a ecosistemas marinos) resaltando el preciso respeto escrupuloso al medio marino (de los fondos marinos, de las tallas/aparejos/medidas no agresivas, de las reservas marinas, de los caladeros, cupos y especies de pesca autorizadas); la elaboración y aplicación de planes de gestión para cada costa (teniendo en cuenta que existen caladeros al límite del agotamiento).

Por ejemplo, el plan de gestión integral del mediterráneo, acordado en coordinación con las Comunidades Autónomas y el sector pesquero; el imprescindible apoyo científico del IEO y de otros institutos y universidades; la necesaria regulación y aplicación del control y vigilancia sobre todos los aspectos de las explotaciones pesqueras (vedas / épocas / artes/llegadas a puerto/control de reservas marinas), destacando el convenio de colaboración firmado con la Guardia Civil para, incluso, actuar por carretera.

Los diversos ponentes indicaron la necesidad de potenciar los recursos materiales, personales y presupuestarios de la actividad investigadora.

Así, se citaron varios proyectos vigentes de investigación marina para obtener información biogeográfica con datos de los ecosistemas marinos (por ejemplo, desarrollando nuevas tecnologías como la colocación de sensores acústicos en el fondo del mar; seguimiento por satélite de grandes predadores con datos de temperatura y salinidad, utilización de robots desde barcos para conocer ecosistemas hasta hace poco inaccesibles…) para evitar el tratamiento meramente utilitarista del mar (dado el descenso de biodiversidad producido, sobre todo, desde la década de los años 70) producto, entre otras causas, del desconocimiento de los ecosistemas (con métodos de pesca cuantitativa y cualitativamente arrasadores tanto de espacios como de especies –incluso de aves- marinas).

También, la conveniencia de gestionar, desde un punto de vista ecosistémico y de modo sostenible, la biodiversidad marina a partir de las mejores técnicas científicas con implicación de todos los agentes de la zona respectiva (pesquería local, organizaciones proteccionistas, científicos…) en los procedimientos de declaración de áreas protegidas.
Incluso se solicitó la participación paritaria de todos los interesados, junto a la Administración, en los órganos de gestión de las reservas marinas protegidas o incluso en un consejo nacional del mar –considerado preciso por parte de los representantes conservacionistas- dada la degradación avanzada de las zonas marinas protegibles y el inmenso impacto ambiental producido, por ejemplo, por la pesca de arrastre.

Asimismo, se destacó la existencia de un grupo adhoc de Naciones unidas para mejorar la gobernanza de espacios naturales en aguas fuera de la jurisdicción nacional; los problemas existentes para crear instrumentos de cooperación entre organizaciones regionales de pesca, Organización mundial internacional, autoridad internacional de fondos marinos; la necesaria preocupación por la salida profesional de los pescadores ante la normativa restrictiva comunitaria de pesca (debiendo motivarlos con formación, información así como corresponsabilidad en la sostenibilidad derivada de su conocimiento del medio); la necesidad de coordinar las actuaciones entre los órganos y las Administraciones públicas competentes.

Andres Ortolá
Jurista Medioambiental