La Comisión Europea ha abierto una investigación para determinar si el plan de la Comunidad Valenciana consistente en conceder ayudas públicas por valor de nueve millones de euros a Air Nostrum para la renovación de su flota es conforme con la normativa en materia de ayudas estatales de la UE.

La Generalitat Valenciana aprobó en 2018 la concesión a Air Nostrum de una subvención por un importe máximo de tres millones de euros. Además, tiene la intención de conceder otra subvención por un importe máximo de seis millones de euros durante el período 2019-2020. El objetivo de estas medidas es apoyar la renovación de la flota de la compañía aérea mediante la adquisición de aeronaves más respetuosas con el medio ambiente.

En estos momentos, la Comisión alberga dudas de que la ayuda entre dentro del ámbito de aplicación del Reglamento general de exención por categorías (RGEC) y cumpla con las Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía. En concreto, la Comisión duda de que la ayuda tenga un efecto incentivador. A este respecto, la Comisión investigará si la decisión de Air Nostrum en 2017 de adquirir diez aeronaves Bombardier CRJ-1000 más eficientes fue consecuencia directa de la ayuda o si la inversión en la opción más respetuosa con el medio ambiente se habría realizado en cualquier caso, incluso sin la ayuda pública. Air Nostrum ya había renovado su flota con dieciocho aeronaves Bombardier CRJ-1000 antes de 2017 sin ayuda alguna.

Por otra parte, el Reglamento solo se aplica a las medidas en apoyo de las inversiones realizadas por la compañía aérea beneficiaria. En virtud del RGEC, para que un arrendamiento financiero pueda considerarse una inversión, el contrato de arrendamiento tiene que establecer la obligación de comprar la aeronave. Hoy por hoy, la Comisión tiene dudas de que el tipo de arrendamiento utilizado por Air Nostrum cumpla esta condición.