El objetivo del texto, entre otros, es implantar las medidas acordadas con el sector para mejorar las relaciones en la cadena de transporte. El RDL, que se aprueba en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El texto aprobado refuerza la posición del transportista efectivo, con el objetivo de evitar que se trabaje de manera estructural por debajo de los costes individuales. Asimismo, se habilita una nueva convocatoria de ayudas directas al sector del transporte terrestre dotada con 450 millones de euros, replicando las ya establecidas el pasado mes de marzo por el RD-Ley 6/2022, incluyendo en esta ocasión a los autobuses urbanos.

Transporte mercancías
Este nuevo texto legal recoge disposiciones para que el precio del transporte cubra los costes individuales incurridos por el transportista efectivo, en aquellos supuestos en los que se producen los mayores desequilibrios en la negociación. También recoge obligaciones para que se refleje por escrito el precio del transporte y los gastos conexos, es decir, los costes individuales efectivos asumidos por el transportista. Para fijar dichos gastos, será válida la estructura de partidas de costes recogidas en el observatorio de costes del transporte de mercancías por carretera elaborado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma). En este contexto, se incluye un nuevo régimen sancionador para garantizar el cumplimiento de las obligaciones anteriores, con sanciones de hasta 4.000 euros.

Además, se establece que el Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación del transporte terrestre de mercancías a acordar entre Mitma y el sector establecido en el RD-Ley 3/2022 recoja también compromisos para el establecimiento de niveles máximos de subcontratación, así como el establecimiento de compromisos aplicables a la contratación de transporte a través de intermediarios que presten servicios a través de la sociedad de la información.

La línea, dotada con más de 450 millones de euros, se distribuirá por número y tipo de vehículo como sigue:
Vehículos pesados de mercancías: 1.250 euros por vehículo; Vehículos ligeros de mercancías: 500 euros por vehículo; Autobús: 950 euros por vehículo; Ambulancia: 500 euros por vehículo; Autobús urbano: 950 euros por vehículo y VTC: 300 euros por vehículo; Locomotoras diésel: 15.000 euros.

El Comité Nacional valora el Real Decreto- Ley, de 2 de agosto que cree “no suficiente”
Este Real Decreto Ley de medidas de sostenibilidad, en la medida que nos afecta es fruto del continuo e intenso dialogo entre el Gobierno y este Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), y fruto de ellas los Acuerdos alcanzados a lo largo de los meses de diciembre de 2021, marzo de 2022, y finalmente en el mes de julio de 2022. En el marco de esos acuerdos, en el RD Ley se formalizan nuevas ayudas directas al sector en línea con las aprobadas en el RD-Ley 6/2022, por importe en esta ocasión de 450 millones de euros; así mismo se define con mayor precisión el reglamento en cuanto al transporte de carga fraccionada en lo relativo a la prohibición de carga o descarga por parte del conductor, el cual no satisface las expectativas puestas al respecto por este Comité.

De igual modo, al amparo de los acuerdo de marzo 2022, en el que se fijaba la fecha de 31 de julio de 2022 para tener un proyecto de ley; se ha conseguido agilizar su emisión mediante este nuevo RD-Ley dando un primer paso en lo que a la Ley de Cadena de Transporte se refiere, cuyo objetivo es evitar que se trabaje de manera estructural por debajo de costes, y eliminar de manera eficaz los desequilibrios actuales en la contratación de los servicios de transporte, evitando con ello situaciones de abuso sobre la parte más débil de la cadena de suministro que son las empresas de transporte, autónomos y pymes en su mayoría.

Sin embargo, para el CNTC es necesario desde ya hacer un seguimiento puntual de su aplicación efectiva, ya que el texto finalmente aprobado estimamos como no suficiente, ya que no contiene unos mínimos requisitos de seguridad jurídica que permita su aplicación real en el mercado. Deja de lado cuestiones nucleares como la limitación de la subcontratación para cuyo desarrollo dispondremos de un periodo de seis meses.

El Comité espera que las diferencias no sean insalvables y, para ello, estamos dispuestos a seguir trabajando en los próximos meses, siendo conscientes de la complejidad que supone la puesta en marcha de esta normativa, cuya publicación consideramos como importante, pero cuyo contenido
en nuestra opinión deja sin resolver el objetivo para la que se acordó.