Desde que el Tribunal de Justicia Europeo declarara en febrero de 2014 la ilegalidad de dicho impuesto, el Tribunal Supremo en España recibía miles de recursos sobre la no devolución de este impuesto por parte de la Administración General del Estado, concretamente del Ministerio de Hacienda. En ese momento, el máximo órgano jurisdiccional español decidía estudiar estos ocho recursos por considerarlos representativos. Hay que recordar que la mayoría de estos recursos son de empresas de transporte.

Las empresas de transporte podrán reclamar la devolución del céntimo sanitario desde 2002

La Sala III del Tribunal Supremo se pronunciaba el pasado martes, y lo hacía dando la razón a estas reclamaciones, lo que supone en la práctica que el Estado deberá abonar unos 13.000 millones de euros en concepto de devolución de este impuesto, una cifra estimada por la justicia europea que comprende el período que va desde el 1 de enero de 2002 -año de comienzo de aplicación de la tasa- al 1 de enero de 2013, cuando se deroga.

Dichos recursos se interponen en su momento al negarse el Ministerio de Hacienda, dirigido por Cristóbal Montoro, a hacer frente a las peticiones de devoluciones de ese impuesto en períodos ya prescritos. Si bien es verdad que la Agencia Tributaria comenzó a realizar las devoluciones de la tasa cobrada entre los años 2010 y 2012, no lo hizo en los años anteriores por decisión del propio Ministerio de Hacienda, argumentando que “no existía responsabilidad patrimonial de la Administración”, que es la vía establecida por la legislación para reclamar dichos períodos prescritos.

Con todo, y tras el varapalo que ha recibido el departamento de Montoro, en la práctica no se llegará a esa cantidad. Y es que esos 13.000 millones de euros no se corresponden en su totalidad al sector del transporte. Según un estudio elaborado por Fenadismer en 2014, las cifras totales a reclamar correspondientes a los últimos cinco años por cada vehículo de transporte pueden alcanzar los 16.000 euros en el caso de un camión y de 14.000 euros en el caso de un autobús, lo que supondría una devolución total al sector del transporte por carretera en torno a 2.300 millones de euros.

Sea como fuere, dos de las principales asociaciones de empresas transportistas en España, CETM y Fenadismer, mostraban su satisfacción. La primera emitía un comunicado en el que espera que se “restauren los perjuicios” ocasionados a las empresas y se ponga “punto y final” a una situación “injusta”. Fenadismer, por su parte, iba un poco más lejos y hablaba de “triunfo del Estado de Derecho”.