Según este estudio, los plazos de pago se sitúan en 90 días de media incumpliendo la Ley de morosidad un 77% de los clientes de los transportistas, constatándose una leve disminución de los plazos de pago frente al mes anterior.

FENADISMER realiza este estudio en colaboración con la Fundación Quijote para el Transporte

La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (FENADISMER) puso en marcha el mes de julio de 2012 el Observatorio permanente de la morosidad y los pagos en el sector del transporte por carretera, con la finalidad de conocer mensualmente la evolución de las formas y plazos de pago en nuestro sector y, en consecuencia, verificar el grado de cumplimiento de la vigente legislación en materia de morosidad en las relaciones comerciales, la cual establece que el plazo máximo de pago será de 30 días desde la fecha de prestación del servicio, ampliable a un máximo de 60 días si así lo establecen las partes.

Para la obtención de los resultados del Observatorio, FENADISMER, en colaboración con la Fundación Quijote para el Transporte, lleva a cabo una encuesta muestral de carácter continuo bajo varios parámettros, entre ellos el ámbitopoblacional, el ámbito temporal, el diseño muestral (en torno a 800 empresas transportistas) y la información solicitada sobre modalidades de pago y plazos de pago que perciben las empresas transpotistas.

En cuanto a la modalidad de pago el medio preferido por los clientes es el confirming, con un 37%, seguido por el pagaré, con un 33%, la transferencia (27%) y el cheque (3%).

En relación a los plazos de pago el 77% de ellos incumplen la legislación vigente en materia de morosidad al superar el plazo máximo de sesenta días. Sin embargo, en el último mes se observa una leve disminución en los plazos de pago respecto al mes anterior. De esta forma, en julio el plazo medio de pago se situó en noventa días de media frente a los 93 del mes de junio. En 2013 el gobierno modificó la legislación sobre morosidad mediante la publicación del Real Decreto Ley 4/2013, estableciendo una nueva regulación de la morosidad en España, mediante la cual se señalaba la regla general de que el plazo máximo de pago debería ser de tan solo treinta días naturales a contar desde la prestación del servicio, el cual podrá ser ampliado a un máximo de sesenta días.