Los empresarios hacían esta denuncia justo después de conocerse el anuncio de General Motors de aparcar sus planes de utilizar esta vía ferroviaria para trasladar su mercancía desde Figueruelas (Zaragoza) a Valencia para su exportación, “lo que impacta, además, con la actividad del puerto de Valencia y le resta posicionamiento frente a sus competidores”.

Fuentes empresariales recordaron que el pasado mes de marzo ya denunciaron esta situación en la presentación del Estudio del Corredor Cántabro-Mediterráneo, elaborado por la Universidad Politécnica de Valencia con la colaboración del ayuntamiento de Sagunto, la Autoridad Portuaria de Valencia y las empresas asociadas a la CEV Noatum y Logitren Ferroviaria. 

En ese estudio la patronal alertó que las empresas valencianas que quieren utilizar esta conexión ferroviaria, o bien pierden eficiencia al tener que pagar extra costes por los rodeos que se dan para llegar de Valencia a Zaragoza y más al norte, o bien pierden actividad económica al no ser suficientemente competitivas en su conexión con estas Comunidades.

Desde la CEV demandan de manera urgente una actuación sobre esta infraestructura “para que el Corredor Cántabro–Mediterráneo entre en un nivel competitivo de servicio. Entre Sagunto y Teruel hay problemas estructurales y de pendientes. Entre Teruel y Zaragoza los problemas son principalmente de señalización y de conexión tren–tierra”.

Inversiones
Asimismo, desde la CEV recomiendan que las actuaciones en las infraestructuras lineales deben ir acompañadas de mejoras en las terminales con el doble objetivo de admitir trenes de mayores longitudes y dotarlas de medios para las operaciones logísticas.

La patronal está convencida de que para llevar a cabo estas actuaciones el dinero no debe ser problema, ya que las inversiones se pueden acometer por fases. El tramo Teruel-Zaragoza puede ponerse en situación competitiva de servicio con una inversión de 38,5 millones; para el tramo Teruel-Sagunto la inversión es de 142 millones de euros. Electrificar la línea en todo su recorrido supondría unos 180 millones de inversión. “Estamos hablando de 360,5 millones de euros en total”, puntualizan las empresas.

Los servicios actuales entre Valencia, Zaragoza y Euskadi se ven obligados a utilizar rutas alternativas lo que supone la realización de 365.000 kilómetros más al año, con un coste energético adicional de 1,65 millones de euros al año. “Las consecuencias por la ineficiencia de esta línea para las empresas valencianas son claras: pérdida de competitividad, pérdida de los tráficos con la plataforma logística de Zaragoza y pérdidas para las empresas ferroviarias que han intentado explotar el corredor”.