El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado un contrato de servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en carreteras del Estado en la Comunidad de Madrid, con un importe de 35 millones de euros (IVA incluido).

La duración es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses. Este contrato se suma al también adjudicado ayer para la conservación en Madrid de otros 99 km de carreteras (66 km de autovía), por 19,85 millones de euros (IVA incluido).

Este contrato, incluye requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones y se enmarca en el programa del Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos.

Los trabajos se detinan al mantenimiento y conservación de 179,967 km de carreteras del sector nº 8, de los que 86 son de autovía. Incluye la autopista A-5R (entre los km 0 al 2,650); la autopista M-11 (entre los km 1,250 al 10,100); varios tramos de las autovías M-12, M-13, M-14, M-21 y M-23; varios tramos de la autovía M-40 (entre los km 0 al 61,130); la Avenida de Andalucía; varias calles de Ciudad Universitaria; un tramo de la carretera M-22 y varios enlaces de las carreteras anteriores.

Junto a las carreteras relacionadas, serán objeto del contrato la ejecución de las obras de:

- Ampliación de carril de deceleración en ramal de conexión desde calzada derecha de M-40, km 21,200, hasta calzada derecha de la A-4.

- Repintado de estructuras metálicas en el túnel de calzadas superpuestas, km 48,300 al 49,500, ambas calzadas de la M-40.

Novedades en los pliegos
Así, dentro de la estrategia de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética, el Ministerio ha incluido objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono en los pliegos de licitación de los contratos de conservación y explotación (COEX) de la Red de Carreteras del Estado, lo que implica que las empresas deberán incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo de la carretera.

Asimismo, estas se comprometerán a presentar un plan de descarbonización en los seis primeros meses de contrato con medidas reductoras y de compensación de emisiones para conseguir un balance neutro en carbono a los 5 años desde el inicio del contrato. La compensación se podrá realizar a través de los proyectos de absorción registrados en el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, o mediante otras opciones. Este plan también se incluirá dentro de los criterios de valoración.

Con ello, se persigue la reducción de 71.640 toneladas de CO2 anuales que, según los cálculos realizados por la Dirección General de Carreteras, genera el funcionamiento ordinario y las labores de mantenimiento y explotación de la Red de Carreteras del Estado y se refuerza la orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que está comprometido el Ministerio.

Características del modelo de conservación
El nuevo modelo de contratos mixtos (servicios y obra) para la ejecución de operaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red y optimizar los recursos públicos.

A través de ellos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles. Se incluyen actuaciones como: agenda de información de estado y programación, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.

En 2022, se incorporaron medidas de eficiencia energética en las instalaciones de servicio, tales como el autoconsumo, sistemas renovables de calefacción, medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos.