La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, Fenadismer, alertó este lunes de un ligero aumento en los plazos de pago a los transportistas al cierre del mes de octubre. Y es que según los datos del Observatorio permanente de la morosidad y los pagos en el sector del transporte por carretera en España, que elabora mensualmente la Federación en colaboración con la Fundación Quijote para el Transport, se ha registrado un repunte en este sentido hasta una media de 70 días, frente a los 65 del mes anterior.

Se trata de un aumento leve a pesar de la “la intensa actividad que están llevando a cabo los Servicios de Inspección de Transporte en la lucha contra la morosidad en los últimos meses”, tal y como traslada Fenadismer en un comunicado.

Según las estadísticas que arroja el Observatorio, en este mes de octubre las empresas cargadoras e intermediarias incumplen en un 56% la legislación sobre morosidad. Además, en dos de cada tres casos los excesos de plazo de pago son leves, esto es, entre 60 y 90 días.

Sin embargo, en el lado opuesto hay un 11% de empresas incumplidoras que aún pagan a 120 días, aunque inferior al que se producía en 2022 en el que esta franja de incumplimiento se situaba en más del 20%.

En cuanto a los medios de pago que son utilizados más habitualmente para el pago de los servicios de transporte, continúan siendo por este orden la trasferencia (69%), seguido del confirming (25%), el pagaré (5%) y el cheque (<1%), traslada Fenadismer.

Estos datos llegan un mes despuñes de que se produjera una fuerte disminuición en los plazos
de pago respecto a agosto, gracias entre otras cosas al régimen sancionador de lucha contra la morosidad en el sector aprobado a finales de 2021. Y es que en septiembre los plazos se situaron por primera vez en 65 días, muy próximo al plazo de máximo legal de pago que marca la ley.

Cabe recordar que la ley que sanciona la morosidad es pionera en España y establece la obligatoriedad de pagar en un plazo máximo de 60 días desde la entrega del bien o prestación del servicio realzado o entrega del bien. Se trata de una legislación que se aplica exclusivamente al sector del transporte de mercancías por carretera, previendo sanciones económicas de hasta 6.000 euros, que podrán alcanzar los 30.000 euros para aquellas situaciones reincidentes más abusivas en materia de plazos de pago, en concreto, en aquellos casos en que se superen en más de 120 días el plazo máximo legal de pago o bien que afecte a la solvencia económica del transportista destinatario del pago.

Dicha morosidad se genera principalmente por parte de las grandes empresas y no sólo en el transporte sino en todos los sectores de actividad, y afecta negativamente a la liquidez de pumes y autónomos.