La Organización Empresarial de Logística y Transporte de España, UNO, transmitió la pasada semana que “lamenta profundamente” la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de anular la moratoria a los vehículos con etiqueta B para acceder a la Zona de Especial Protección Distrito Centro. La exención se prolongaba hasta el 31 de diciembre de 2023 y la nueva sentencia "se centra únicamente en los aspectos formales, sin entrar a analizar el fondo de la cuestión", según trasladño la patronal.

Su presidente, Francisco Aranda, se pronunció y dijo que la logística y el transporte "está plenamente concienciado con la necesidad de impulsar medidas que minimicen la huella de carbono durante el desarrollo de su actividad, pero para acometer ese reto es necesario contar con plazos razonables y con el respaldo de las administraciones públicas".

"Es perfectamente compatible mejorar el medio ambiente sin atacar la actividad empresarial, y teniendo presente en todo momento que las compañías de nuestro sector son pilares para la economía y el tejido productivo de España”, aseguró Aranda, que puso de ejemplo al Ayuntamiento de Madrid, “cuyas medidas han alcanzado los requisitos de calidad del aire de la UE”.