Como ya venía advirtiendo la Alianza de Auxilio en Carretera, este verano se ha constatado un número mayor de retrasos y desatenciones de servicios de asistencia en viaje -principalmente en casos de averías-, a los conductores asegurados en toda España, lo que hace retroceder el derecho a la Seguridad Vial de los conductores. Esto, entre otras causas, se debe principalmente a las bajas tarifas pagadas a las empresas de auxilio por parte de las compañías aseguradoras, plataformas de asistencia y clubes automovilísticos que han acabado por degradar el servicio de auxilio prestado en los millones de desplazamientos que se han producido este verano.

Las cifras ofrecidas por la Dirección General de Tráfico dibujan un verano de récords para la degradación de la seguridad vial en España. Con incrementos de un 0,3% en los desplazamientos de largo recorrido, del 4% en las averías y del 3,4% en los accidentes respecto a 2022, y con una media de 3,8 fallecidos por día durante el verano, totalizando 234 personas hasta septiembre, que en el caso de hospitalizados se incrementa un 23%, hasta las 946 personas, según datos del Ministerio del Interior.

Estas cifras tienen una importante repercusión en el sector de auxilio en carretera, cuyas empresas llegaban extenuadas y en condiciones límite de viabilidad económica a la campaña de verano, lo que se ha hecho notar en la imposibilidad de ofrecer una mejor calidad del servicio que han proporcionado, en general, a los usuarios de las vías y, en particular, a los asegurados mediante pólizas de asistencia en viaje.

La carencia de conductores que comienza a tomar tintes estructurales. Las empresas de auxilio en carretera han tenido que priorizar mucho los servicios a prestar, como si de un triage hospitalario se tratase, con consecuencias como el rechazo de los servicios de largo recorrido (250 o 300 km totales) por no ser rentables al no pagar las aseguradoras la “salida” y el precio por km ser muy inferior al de un servicio normal.

Lo peor ha venido por el rechazo de servicios en horario nocturno o fines de semana por falta de operarios, pues -en caso de inexistencia de servicios- el empresario debe retribuir igualmente el salario al operario, pero sin recibir ninguna compensación económica en concepto de disponibilidad por parte de la aseguradora, lo que imposibilita prestar el servicio como ocurría hasta la fecha.

También se han producido más demoras de las deseables en la llegada al lugar de la incidencia, dada la insuficiencia de la flota disponible en determinados periodos, por la sobrecarga de trabajo, y, en ocasiones por el rechazo de servicios de determinadas aseguradoras, plataformas o automóviles club cuyas tarifas son muy inferiores al resto de clientes, de modo que, salvo servicios de urgencia o gravedad, la empresa de auxilio se ha visto obligada a priorizar los servicios de los clientes que observan unas tarifas algo superiores.

Considerando este escenario, la fotografía del sector no resulta tan atractiva como la pintan las aseguradoras, plataformas y clubes automovilísticos, tras un inicio de año donde se produjeron algunas revisiones tarifarias que ya se denunciaron como insuficientes por los empresarios y entidades del sector de la asistencia, como la Alianza de Auxilio en Carretera.

De hecho, las prestaciones de los intermediarios de la asistencia dejan cada vez más que desear, siendo frecuentes largas esperas telefónicas de más de 30 minutos por parte de los operarios de grúa para poder contactar con las aseguradoras para pedir autorización del destino del vehículo, solicitar un servicio de taxi, etc. Estas largas esperas producen un gran riesgo para la seguridad vial de los usuarios, los propios operarios y resto de conductores.

Así las cosas, la Alianza de Auxilio en Carretera hace nuevo llamamiento para que las aseguradoras, plataformas y clubes automovilísticos pongan todos los medios suficientes para una inmediata respuesta que impidan un perjuicio a la Seguridad Vial que ya se está produciendo de modo grave.

El portavoz de la Alianza, Xavier Martí, incidió en que los intermediarios “adecúen de una vez sus precios a la realidad del mercado, posibilitando así la necesaria viabilidad económica que permita la contratación de más operarios y el incremento de oferta que evite que se vea comprometida la seguridad vial”.