En los últimos años se han conseguido significativos cambios en la regulación de esta actividad que van en el sentido apropiado de mejorar las condiciones laborales de nuestros trabajadores y el marco de funcionamiento de nuestras empresas para fortalecer su competitividad y su sostenibilidad económica, ambiental y social. Nueva normativa que ha sido resultado, fundamentalmente, del trabajo del actual equipo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MiTMA) y del propio CNTC. Avances que se han plasmado en nuestra legislación, como la “acción directa” para proteger al transportista efectivo de los impagos o como la Ley 13/2021 para luchar contra la morosidad en el sector, seguida de nuevas normas que desde el 2 de marzo de 2022, por ejemplo, hacen obligatoria la revisión del precio del transporte según el precio del combustible, sin posible pacto en contrario; o la reducción a un mes del plazo de liquidación del gasóleo profesional y de los tiempos de espera a la mitad.

“España cuenta con una de las legislaciones de transporte más avanzadas de Europa, algo que no digo yo sino los juristas del sector. Un ejemplo es el RD-Ley 3/2022 de 2 de marzo, entre cuyas medidas destaca la prohibición de la carga y descarga por parte de los conductores profesionales, salvo determinadas excepciones. España el único país del mundo, junto a Portugal, que cuenta con esta norma. Otro ejemplo: el transporte es el único sector en España con sanciones para los casos de morosidad”, destaca Ramón Valdivia, vicepresidente ejecutivo de ASTIC.

“Gracias a las continuas negociaciones entre ambos órganos (Ministerio y CNTC), nuestro sector dispone en la actualidad de un marco legislativo que facilita a nuestras empresas transportistas diferentes herramientas para desarrollar su actividad en un escenario equilibrado. Lo que hay que hacer ahora es utilizar estas herramientas y no esperar que el Gobierno negocie, en nuestro lugar, con aquellos clientes que no cumplen la ley”, indica Valdivia.

“Por supuesto que aún quedan muchos otros temas por resolver en nuestro sector; para eso continuamos trabajando y negociando desde el Comité Nacional del Transporte por Carretera con el MiTMA. Es en la mesa de negociación donde se tratan estos asuntos y para que esto pueda seguir siendo así, exigimos al Gobierno que, a diferencia de lo ocurrido hace unos meses, ponga los medios oportunos y adecuados para salvaguardar la seguridad de nuestros conductores y la integridad de nuestros vehículos y de las cargas que transportan frente a los actos violentos de intimidación y de destrucción. Se debe garantizar que, pare quien pare, quien quiera seguir trabajando pueda hacerlo libremente”, añade el directivo de ASTIC.

Estos problemas se unen al brutal incremento de costes que está sufriendo el sector: el precio del diésel un 30 % más caro que hace un año; el precio del gas natural, que ha cuatriplicado su coste (una situación inviable para muchas empresas transportistas que apostaron por esta energía para las que exigimos ayudas al Gobierno); camiones hasta un 50% más caros que en 2020; neumáticos hasta un 60 % más caros…. “Calculamos que para 2023 los costes de las empresas de nuestro sector se incrementarán entre un 6 y un 10 %”, resalta Ramón Valdivia, quien reitera que “los problemas del sector, tanto endémicos como estos coyunturales, se resuelven negociando y no con paros indefinidos que dañan nuestra economía, a la propia sociedad y también a la imagen de nuestro sector”.

Protección
“Respecto a la convocatoria de paro para el 14 de noviembre, exigimos al Ejecutivo que garantice los derechos fundamentales de los transportistas que no lo secundan. Es una obligación básica del Gobierno velar y actuar para que no se vulneren principios básicos recogidos en la Constitución Española, como el derecho a la libre de circulación de los ciudadanos -art. 19. CE- y la libertad de empresa -art. 38 CE”, señalan.

En el paro que esta Plataforma ya convocó el pasado 14 de marzo se produjeron piquetes
violentos que no dejaron trabajar con seguridad a muchos conductores profesionales que no lo secundaron, poniendo en riesgo tanto su integridad física como la integridad de sus bienes (el propio camión y la mercancía que transportan).

“Muchas de nuestras empresas de transporte, que en total suman más de 21.000 vehículos pesados, no pudieron realizar su trabajo con normalidad en marzo; algunas por la violenta acción de los piquetes, que cortaron carreteras y accesos a zonas de carga y descarga, pinchando neumáticos y cortando latiguillos de camiones o rompiéndoles las lunas con piedras; y otras porque, por coacciones o miedo a que les asaltasen los piquetes, decidieron no sacar sus camiones a la carretera. Esperamos que esta vez el Ministerio de Interior no lo permita, llegado el caso”, subraya el vicepresidente de ASTIC.

UNO muestra su rechazo absoluto
UNO, la Organización Empresarial de Logística y Transporte de España, se muestra “absolutamente contraria” a la nueva convocatoria del paro indefinido en el transporte, que ha sido planteada, a partir del próximo domingo, por la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera.

A juicio del presidente de la patronal logística, Francisco Aranda, “es irresponsable convocar una movilización de estas características, pues pone en peligro la cadena de suministro en un momento estratégico del año para miles de empresas que se juegan ahora su cuenta de resultados”.

“Desde UNO exigimos que se garantice la seguridad y el derecho al trabajo de todos aquellos transportistas que no quieran secundar el paro”, ha defendido Aranda.

Aranda ha recordado, además, que la mayoría de las peticiones que hacen los convocantes ya fueron aceptadas por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana hace meses, y ha manifestado que ya están siendo incorporadas por el sector en los plazos pactados.