Como ha venido informando FENADISMER, el Paquete Legislativo de Movilidad aprobado por la Unión Europea en 2020 introdujo importantes modificaciones en lo que se refiere al transporte de mercancías en vehículos ligeros, como es la exigencia de poseer licencia comunitaria para hacer transporte internacional en la Unión Europea, así como la de llevar instalado aparato tacógrafo, aunque en este último caso será exigible a partir del año 2026.

Así, desde el pasado mes de Mayo los titulares de los vehículos de transporte ligeros (furgonetas y camiones ligeros) con un tonelaje superior a 2’5 toneladas de masa máxima que realicen transporte internacional deberán llevar a bordo una licencia comunitaria europea, como la exigida actualmente para los vehículos pesados que realizan transporte internacional (es decir, los de más de 3´5 toneladas). Para ello deberá cumplir el requisito de competencia profesional (bien a su nombre o bien contratando a un gestor) así como los relativos a establecimiento, honorabilidad y capacidad económica que se exigen en la actualidad a los vehículos de mayor tonelaje, aunque en este último caso con un importe menor.

Si bien la previsión inicial es que fuera mayor el número de transportistas ligeros que tuvieran que solicitar dicha autorización, a falta de datos reales oficiales sobre el flujo de transporte internacional realizado con esta categoría de vehículos, finalmente han sido un total de 1.024 transportistas los que hasta la fecha lo han solicitado para una flota conjunta de 1925 vehículos, lo que contrasta con las 25.884 empresas transportistas en vehículo pesado autorizadas para hacer transporte en la Unión Europea con una flota total de 127.898 vehículos.

Por último FENADISMER recuerda a todos aquellos transportistas ligeros que solicitaron la licencia comunitaria en el mes de Mayo, que la autorización concedida sólo tiene una validez de un año, la cual deberán renovar en el mes en que le corresponda realizar el visado de su autorización de transporte en 2023, momento en el que la Comunidad Autónoma comprobará el cumplimiento de todos los requisitos exigidos para su obtención.