Ayer martes 24 de Mayo la Ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha tenido ocasión de ratificar su posición en el Senado en relación al posible establecimiento de peajes para financiar la red viaria española, como consecuencia de la pregunta parlamentaria planteada por la Senadora de España Suma, Ruth Goñi Sarríes, en la que la interpelaba para que ratificara si el Gobierno de España sigue considerando imprescindibles los criterios de consenso y situación económica para la imposición de peajes a los vehículos pesados en autovías y carreteras.

En su exposición, la Senadora ha puesto de relieve la contradicción existente entre el Gobierno de España y el Gobierno de Navarra en este asunto ”Ambos Gobiernos, teniendo los mismos socios han tomado decisiones totalmente contrarias, mostrando sensibilidades bien distintas”.

Asimismo ha destacado la contribución que el sector del transporte por carretera ya hace a las arcas autonómicas: “Este sector aporta el 7 por 100 de la recaudación total tributaria navarra y las carreteras exigen inversiones, pero esas inversiones ya las pagamos con nuestros impuestos”. Sin embargo “el Gobierno foral no se plantea recortar el gasto público ni reducir su tamaño ni el de su gigantesca Administración, ni cerrar chiringuitos; al contrario, en verano crearán un chiringuito” en referencia a la nueva empresa pública que se va a constituir para gestionar los futuros peajes.

Cabe recordar que, como ya informó FENADISMER, el pasado 5 de Mayo los Grupos políticos que sustentan el Gobierno foral (Partido Socialista de Navarra, Podemos, EH Bildu y Ezquerra) registraron en el Parlamento Foral una proposición de ley reguladora del canon de uso de uso de las carreteras, para su tramitación urgente, con el objetivo de poner en marcha, antes de Diciembre de 2023, el cobro de peajes a los camiones de más de 3´5 tns de masa máxima que circulen por 5 de las vías principales que discurren por territorio navarro, en concreto las autovías A-1, A-10. A-15, A-68 y la carretera N-121.

En su respuesta, la Ministra de Transportes ha insistido en que la intención de su Gobierno nunca ha sido imponer el establecimiento de peajes, sino que su objetivo es “abordar el futuro y la sostenibilidad de la Red de Carreteras del Estado, y para ello, por supuesto que consideramos imprescindible lo hemos considerado siempre y lo vamos a seguir considerando en adelante el consenso y la situación económica”. En ese sentido, se ha reafirmado en su intención de “ iniciar un diálogo abierto y transparente con los grupos políticos, los agentes sociales y también los territorios, y evidentemente, con el sector del transporte, que tenemos que ser capaces de encontrar un modelo que sea sostenible, que haga sostenible ese sistema de financiación de las carreteras, pero que también permita una competitividad evidente que nos reclama y que merece el sector del transporte”.

Por eso, FENADISMER sigue advirtiendo que la negativa del Gobierno de Navarra a consensuar su aprobación con el sector obligará a las asociaciones de transportistas a impugnarla judicialmente, como ya ocurrió en el caso de los peajes a camiones aprobados unilateralmente la Diputación de Guipúzcoa y que supuso su anulación por el Tribunal Superior Vasco, y ratificado posteriormente por el Tribunal Supremo.