El Consejo de Ministros, en su reunión de ayer, ha aprobado un Real Decreto por el que se completa el régimen jurídico para la aprobación de los cambios de espacio aéreo y los procedimientos civiles de vuelo. La elaboración de este Real Decreto ha contado con la participación del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el Ministerio de Defensa y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, conjugando los intereses de los tres departamentos.

Se trata de un Real Decreto que avanza en la regulación de las estructuras de espacio aéreo y de los procedimientos civiles de vuelo, completando el ordenamiento jurídico español para hacer posible la aplicación de la regulación europea, en particular, desarrollando algunos de los aspectos que el Reglamento (UE) 2017/373 exige a los Estados Miembros.

Además, persigue la mejora del reparto competencial en el seno de la administración aeronáutica en estas materias y fijar el procedimiento que regula su aprobación, todo ello para dotar de una mayor seguridad jurídica a las actuaciones de la Administración y Autoridades Aeronáuticas a la vez que a los usuarios del espacio aéreo.

Hasta la fecha, Enaire E.P.E. es la única entidad que tenía competencias para diseñar y tramitar los procedimientos civiles de vuelo, que eran aprobados por la Comisión Interministerial entre Defensa y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (CIDETMA). Con la publicación del nuevo Real Decreto, tanto los gestores aeroportuarios como los proveedores de servicios de navegación aérea, por iniciativa propia o a instancias de terceros, podrán contratar a un proveedor de servicios de diseño de procedimientos de vuelo (FPD) certificado para proponer una nueva maniobra que será tramitada y aprobada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). Dentro de dicha tramitación, se incluye el informe de CIDETMA exclusivamente para aquellos procedimientos de vuelo que afecten al Ministerio de Defensa.

En lo que respecta a las estructuras de espacio aéreo, el Real Decreto regula su procedimiento de tramitación y amplía las competencias de CIDETMA para su aprobación, todo ello de conformidad con la normativa nacional también de aplicación.

Mayor concreción en los procedimientos de evaluación ambiental
Asimismo, la norma concreta los aspectos procedimentales de evaluación ambiental en el ámbito de la administración aeronáutica, designando a AESA para que asuma las funciones que corresponden al órgano sustantivo según la legislación ambiental.

Es decir, AESA pasa a ser órgano sustantivo en lo que atañe a los procedimientos civiles de vuelo y realizar alguna de las funciones propias del órgano sustantivo en cuanto a la tramitación ambiental de las estructuras de espacio aéreo.

Entre otros beneficios, se espera que la norma facilite la creación de nuevas oportunidades para el sector de la navegación aérea.