La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, defendió en el Congreso de los Diputados el paquete de medidas del Gobierno para dar robustez a un sector clave para la economía como es el del transporte y que contribuirá a mejorar las condiciones laborales de los conductores profesionales.

Así lo ha expresado la titular de Mitma en el Pleno de la Cámara baja para la convalidación del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística y de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras, tras su aprobación por el Consejo de Ministros el pasado 1 de marzo.

El Real Decreto-ley, que ha sido convalidado sin votos en contra y cuya tramitación como proyecto de ley ha sido rechazada por el Pleno de la Cámara, transpone también la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera.

Intenso trabajo y diálogo
En su intervención, la responsable de Mitma ha apuntado que el texto del Real Decreto-Ley es fruto de un intenso trabajo y diálogo con los diferentes actores hasta alcanzar el consenso. De hecho, Raquel Sánchez ha hecho hincapié en que el trabajo continuo, la comunicación con los agentes del sector y el compromiso con el cumplimiento de la legislación europea es lo que ha permitido avanzar en modernizar la normativa de este sector que necesita unos pilares robustos para permitir que sea sostenible, justo y eficiente.

En este contexto, la ministra ha destacado que este Real Decreto-ley materializa el acuerdo alcanzado el pasado 17 de diciembre con el departamento de Mercancías del Comité Nacional de Transporte por Carretera para dar respuesta a las reivindicaciones del sector.

El acuerdo recoge un total de 20 de medidas tanto regulatorias, que son las que de este Real Decreto-ley, como no regulatorias. Su objetivo es reequilibrar las asimetrías existentes entre los actores del sector del transporte de mercancías por carretera, mejorar la posición y competitividad de este sector y garantizar condiciones laborales adecuadas y protección social para los conductores.

En el Real Decreto-ley se recoge la prohibición, con carácter general, de la participación del conductor en las operaciones de carga y descarga de la mercancía y soportes, al tiempo que se refuerza el cumplimiento de los tiempos de conducción y descanso, en línea con lo establecido en el paquete de movilidad de la Unión Europea.

Además, se establece la inclusión obligatoria en los contratos de la revisión del precio del transporte por variación del precio del combustible desde el momento de la contratación hasta la realización efectiva del transporte. También se recogen otra serie de medidas ligadas a la mejora de la eficiencia del sector y su sostenibilidad ambiental.

Plan de Respuesta al Impacto de la Guerra en Ucrania
Asimismo, en su intervención la ministra ha apuntado que el sector del transporte se está viendo muy afectado por el escenario actual de incertidumbre derivado de la invasión rusa de Ucrania y, en concreto, del incremento del precio del combustible.

En este contexto, ha recordado que ayer miércoles se reunió de nuevo con el Departamento de Mercancías del Comité Nacional, un encuentro en el que se valoró la aceleración de la implantación de las medidas no legislativas del acuerdo de 17 de diciembre de 2021.

Según ha afirmado, el Ministerio comparte con el sector la idea de que no es sostenible una situación en la que los transportistas se vean obligados a trabajar por debajo de sus costes, por lo que se agilizará la aplicación al sector del transporte de mercancías de los principios recogidos en la Ley de la Cadena Alimentaria.

Además, ha reiterado que el compromiso es publicar semanalmente, en lugar de mensualmente, el informe de Mitma que incluye la variación del precio del gasóleo y que se usa de referencia para el índice de variación del precio medio del gasóleo a emplear en la fórmula de revisión de precios.

Todo esto, según ha subrayado, se hará sin perjuicio de que se incluyan en el Plan Nacional de Respuesta al Impacto de la Guerra anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, medidas específicas de reducción del precio de los combustibles, así como todas aquellas que puedan acordarse durante el proceso de participación que se va a abrir con el Comité.

En este sentido, la ministra ha expresado que desde el Ministerio continuarán los contactos con el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), que es el interlocutor en el sector, para analizar las nuevas medidas que pudieran ser incluidas en el Plan Nacional de Respuesta.

La ministra, que ha hecho hincapié en que el Comité Nacional se ha mostrado contrario a las últimas movilizaciones en el sector, ha mostrado su respeto a los transportistas que deciden parar, aunque ha apuntado que también hay que respetar y proteger a aquellos que decidan trabajar y asegurar la prestación de servicios esenciales.

Revisión de precios
El segundo conjunto de medidas del Real Decreto-ley se refiere a la regulación del procedimiento de revisión excepcional de precios en los contratos públicos de obras. La ministra ha explicado que el alza en 2021 estaba teniendo unos efectos indeseados en el desarrollo de los contratos de obra pública en ejecución y, ante este escenario, ha apuntado que en el último trimestre del año pasado se comenzó a trabajar coordinadamente desde el Gobierno en el desarrollo de un procedimiento para la revisión de precios extraordinaria.

Tal y como ha precisado, se ha buscado desde el principio que sea un procedimiento sencillo y ágil. Los materiales que dan pie a poder aplicar este procedimiento excepcional son finalmente cuatro: acero, materiales bituminosos, aluminio y cobre. Su selección se debe a que son los materiales que tuvieron mayor incremento de precios en 2021, superior a un 20%.

En cuanto al procedimiento, se articula uno similar a la revisión de precios habitual. La única condición que se le impone al contratista es que, antes de solicitar esta revisión excepcional de precios, desista de cualquier acción judicial que haya llevado a cabo en ese contrato como consecuencia del incremento de costes de los materiales.

La ministra ha asegurado que, gracias a esta medida, se salvarán un número importante de contratos que, de suspenderse o cancelarse, perjudicarían notablemente el interés público que subyace a cualquier contrato público de obras.

Asimismo, ha puesto en valor la resolución firmada a finales de año pasado por la Secretaría de Estado del Ministerio para recuperar en los pliegos de los nuevos contratos de obras que se liciten este año y siguientes la fórmula de revisión de precios habitual, dejando sin efecto la resolución del año 2013 sobre la improcedencia de la misma.

En todo caso, Raquel Sánchez ha destacado la utilidad de ambos tipos de medidas, tanto las relacionadas con el transporte como con los contratos de obra pública, y ha enfatizado que se ha visto refrendada con la situación de Ucrania.