Desde que se anunciara a principios del pasado año la intención del Gobierno de establecer un mecanismo de pago por el uso de las carreteras en España, durante estos meses se ha ido manifestando el profundo rechazo a esta media tanto desde diferentes ámbitos políticos e institucionales, Gobiernos autonómicos y municipales así como desde los colectivos más afectados, entre ellos, el sector del transporte por carretera por el impacto económico que tendría tanto en su actividad, como poco su efecto en la carestía de los productos así como en la competitividad de las exportaciones españolas.

En todo caso, el propio Gobierno ya reconoció en su día que el principal “riesgo de rechazo” lo recibiría por parte del colectivo de transportistas profesionales, tomando como referencia la experiencia vivida en Francia, en la que el Gobierno galo intentó hasta en 5 veces establecer una tasa similar en las carreteras francesas, lo que contó con un fuerte rechazo por parte de los transportistas de aquel país, obligándole a abandonar dicho proyecto. Pero asimismo el Gobierno es consciente que es una medida muy impopular entre la ciudadanía española, ya que es rechazado por más del 80% de la población según diferentes encuestas realizadas al respecto.

Por ello, para evitar su implantación de forma unilateral, durante las negociaciones mantenidas por FENADISMER junto con las demás asociaciones de transportistas con el Ministerio de Transportes el pasado mes de Diciembre se arrancó el compromiso de no aprobar dicha media sin el consenso previo con el sector.

Conforme a dicho compromiso, el Gobierno ha aprobado este martes 1 en Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley de movilidad Sostenible, renunciando a su propuesta inicial de aprobar dicha medida recaudatoria, lo que FENADISMER valora positivamente. En su lugar, el anteproyecto de ley se limita a incluir una previsión sobre su voluntad de llevar a cabo un estudio sobre diferentes alternativas posibles para poder financiar la red de carretera de alta capacidad que tenga en cuenta “criterios de equidad territorial, seguridad vial, y sostenibilidad ambiental”, cuya implantación en todo caso tendría que estar condicionado “a un amplio consenso social y político” y ajustado “a las circunstancias económicas concurrentes”, según se recoge expresamente.