Ante la propuesta de la Comisión Europea del “Reglamento de estándares de eficiencia de vehículos ligeros”, incluida en el paquete legislativo Fit For 55, quince asociaciones advierten de las consecuencias sociales y económicas que tendrá prohibir el motor de combustión, como la pérdida de empleo o la restricción del derecho a la movilidad, que afectará en especial a las rentas más bajas y los colectivos más vulnerables.

La propuesta de la Comisión Europea contempla el objetivo de reducir el 100% de emisiones de CO2 de turismos y furgonetas para 2035, lo que, de facto, supone una prohibición de las ventas de vehículos con motor de combustión interna.

Ante esta situación, diferentes asociaciones, representantes de distintas industrias vinculadas al transporte y la movilidad han querido reivindicar su compromiso con la descarbonización de la economía, la reducción de emisiones en el transporte y la lucha contra el cambio climático, pero han demandado la necesidad de una transición energética más accesible, justa e inclusiva.

De esta forma, las quince asociaciones han trasladado su posición al Gobierno, remitiendo una carta y un manifiesto a los ministerios de transición energética, política industrial, trabajo y economía social, hacienda y función pública, política territorial, derechos sociales, ciencia y presidencia del Gobierno.

Las asociaciones firmantes (ACE, Aevecar, AOP, APPA Biocarburantes, ASTIC, ATliq, Bio-e, CEEES, CETM, Codigasoil, CONFEBUS, EWABA, FEDEPORT, SERNAUTO y UPI) advierten de las consecuencias sociales y económicas que tendrá esta medida. Por un lado, exponen que las restricciones contempladas para descarbonizar el transporte, apostando por una única opción tecnológica e impidiendo el desarrollo de otras opciones como los ecocombustibles -combustibles líquidos bajos o neutros en carbono-, agravarán la pérdida de puestos de trabajo en las cadenas de valor de la automoción y del suministro energético por carretera en toda la UE.

Además, en el ámbito social, subrayan la importancia de la movilidad para millones de empresas y ciudadanos, y la dificultad que supone asumir los costes de la renovación acelerada de infraestructuras y vehículos, sin ninguna opción que permita amortiguar este impacto, como la que significaría el desarrollo de los ecocombustibles para reducir las emisiones de los actuales motores de combustión. Señalan, en este sentido, las especiales dificultades que tendrán que afrontar las rentas bajas, los colectivos más vulnerables o las zonas rurales.

Por todo ello, recomiendan que la transición energética se aborde desde una perspectiva más justa e inclusiva, que tenga en cuenta a todos los sectores y a todos los colectivos, y que incluya los combustibles líquidos y renovables de bajas o nulas emisiones.

Por último, señalan que los ecocombustibles son una alternativa que permite reducir las emisiones de CO2 de forma inmediata y masiva gracias a su compatibilidad con el parque móvil y las infraestructuras existentes. En este sentido, este grupo de asociaciones –que abarcan desde las estaciones de servicio, hasta la automoción, pasando por el transporte y la distribución y producción de carburantes– concluyen que establecer restricciones tecnológicas deriva, también, en un retraso en la consecución de los objetivos climáticos, además de una pérdida de eficiencia en el proceso de la transición energética.