Ya ha sido interpuesta a finales del pasado mes de diciembre la macrodemanda que FENADISMER, junto con varias asociaciones territoriales, ha promovido contra las principales compañías petrolíferas que operan en España por su actuación continuada, durante más de una década, elevando artificialmente precios finales de los carburantes que se venden en nuestro país, lo que se ha venido a llamar coloquialmente el "Cártel de las Petroleras".

La reclamación “multimillonaria” tiene su fundamento en las actuaciones de vigilancia llevadas a cabo por la Comisión Nacional de la Competencia durante los últimos años, dando lugar a una primera Resolución sancionadora en Julio de 2009 contra las tres principales petroleras que operan en España (Repsol, Cepsa y BP), que posteriormente fue confirmada por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Durante los siguientes años, la CNMC a través de sucesivas Comisiones de Vigilancia constituidas al efecto han venido confirmando que dichas prácticas restrictivas de la competencia se han seguido produciendo hasta la actualidad.

En sus resoluciones, la CNMC ha venido constatado que las citadas operadoras continúan incurriendo todos estos años en prácticas y pactos anticompetitivos mediante los cuales fijan un precio de venta del combustible en detrimento de las estaciones de servicios independientes y, por lo tanto, también en contra de los intereses de los transportistas y de los ciudadanos en general, al restringir la competencia entre las estaciones de su red y el resto de las estaciones de servicio no abanderadas.

Una prueba palpable de estas prácticas abusivas se sufrió durante los primeros meses de la pandemia en los que pese a la espectacular bajada del precio del petróleo a nivel internacional en más de un 60% apenas tuvo traslado en los precios de los carburantes que apenas cayeron un 10%, incrementando de forma escandalosa sus márgenes de comercialización, como ya hicieron en la crisis económica de 2008.

En la primera demanda colectiva interpuesta por parte de 3.500 empresas transportistas y autónomos ante los juzgados de lo mercantil de Madrid y Castellón, se ha reclamado un importe conjunto superior a los 100 millones de euros en concepto de daños y perjuicios que les ha supuesto la compra del combustible durante todos estos años por un precio superior al que debería haberse pagado de no existir tales pactos.

Asimismo se espera en los próximos meses interponer una nueva demanda de aquellos transportistas que aún no se hayan incorporado a dicha reclamación, lo que podrán hacer en cualesquiera de las asociaciones territoriales que integran la Plataforma de Afectados por las Petroleras.