Sorpresa y perplejidad ha causado en FENADISMER la nota de prensa emitida conjuntamente por las asociaciones que agrupan a las principales empresas cargadoras y establecimientos de gran consumo en España tras el acuerdo alcanzado el pasado viernes entre las asociaciones de transportistas y el Ministerio de Transportes, y que permitió desconvocar el Paro previsto para esta semana de Navidad.

Así, en la citada Nota se llega a afirmar que si bien valoran positivamente la desconvocatoria del Paro, sin embargo no dejan de manifestar su queja por unos supuestos elevados costes en los que habrían incurrido “al tener que adelantar su aprovisionamiento de productos que perfectamente se podían haber evitado”, lo que no deja de ser llamativo como si dichos productos tuvieran que haberlos tirado o no fueran a ser vendidos a sus clientes precisamente en estos días de gran demanda de consumo. Pero no queda ahí la afrenta cuando a continuación expresan su malestar por no haber participado en la negociación “considerando el gran impacto que para ellas presentan buena parte de las medidas que formaban parte de la negociación” como destacan literalmente en la citada nota con cierto cinismo.

Aunque no refieren cuales son las medidas que les podrían ocasionar tan gran impacto, es de suponer que entre ellas podría estar la referida a la próxima prohibición de que el conductor tenga que realizar las tareas de carga y descarga de las mercancías en sus instalaciones, que hasta la fecha se les impone a los transportistas al llegar a su destino tras 9 ó 10 horas de conducción. Parecen olvidar que tal obligación ya les correspondía por ley a los titulares de los centros de carga y descarga desde hace más de 30 años, según se establece en la vigente Ley de Contrato del Transporte aprobada en 2009, y anteriormente en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres de 1987, aunque lamentablemente no se ha venido cumpliendo en un alto porcentaje de los casos al imponer los cargadores en la práctica tales tareas a los conductores, ahorrándose de este modo el coste del personal propio que debería realizarlas.

Así lo reconoció públicamente hace un año un dirigente de una de las asociaciones que suscribe la nota de prensa, que valoró en más de 2.000 millones de euros el ahorro que obtenían al incumplir la ley, ignorando por supuesto las consecuencias que para la siniestralidad tanto vial como laboral ocasiona tal imposición.

Es precisamente su reiterado incumplimiento de la ley lo que ha obligado a consensuar con el Ministerio de Transportes las nuevas medidas a aprobar en las próximas semanas, para tratar de corregir dicha situación de abuso que históricamente han venido soportando los transportistas, por lo que su pretendida participación en las negociaciones no se acierta bien a entender que fin tendría, salvo la de persistir en su posición dominante y de imposición de las condiciones de trabajo de sus transportistas proveedores.

En todo caso, no es la primera vez que las asociaciones que representan a las empresas cargadoras tratan de maniobrar e influir ante la Administración para deteriorar más aún la actividad que desarrolla el sector del transporte por carretera. El último ejemplo de esta intromisión tuvo lugar el pasado mes de Julio, cuando el Consejo Nacional de Transportes Terrestres avaló el proyecto de Decreto de modificación del Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres que pretende introducir una mayor desregulación del sector, gracias al voto favorable precisamente de las asociaciones de empresas cargadoras, aunque se trataba de una cuestión aparentemente ajena a su ámbito, y pese a contar con la posición en contra de las asociaciones de transportistas.