Este jueves 2 de Diciembre, las Juntas Generales de Guipúzcoa han aprobado la Norma Foral que establece por tercera vez un sistema de peajes a camiones sobre todo el trazado de la N-1 y la A-15, en sustitución de las dos anteriores Normas forales declaradas nulas por el TSJ del País Vasco y posteriormente ratificado por el Tribunal Supremo. A diferencia de las anteriores versiones, en esta ocasión la Norma Foral sólo ha contado con el apoyo del PNV y el PSE, siendo rechazada por Bildu, Podemos y Partido Popular.

La norma aprobada pasa por someter a peaje prácticamente todo el trazado de ambas vías, a fin de tratar de no incurrir en los mismos “errores jurídicos” que afectaron a las regulaciones anteriores, para lo que plantea establecer hasta 32 puntos de control para el cobro del peaje, frente a los 4 existentes con anterioridad. Para ello, a fin de asumir la mayor inversión que tal mastodóntica infraestructura supondrá, se propone incrementar sustancialmente el importe de los peajes, llegando a “triplicar” el peaje exigido anteriormente hasta su anulación, lo que FENADISMER considera absolutamente desproporcionado teniendo en cuenta las características de las vías sobre las que se pretende aplicar.

Así la cuantía del peaje propuesta para los camiones de mayor tonelaje asciende a los 0,28 euros por kilómetro recorrido, superando con creces el de la media de las autopistas de peaje de alta capacidad del resto del territorio nacional, que se sitúa en una media de 0,19 euros en las autopistas de peaje españolas ( así por ejemplo en el caso de la autopista AP-68 que conecta Bilbao con Zaragoza el coste por kilómetro en la actualidad para un camión se sitúa en 0´16 €/km). Ello que implicará que cada camión deberá soportar un peaje por trayecto recorrido de hasta 14´80 euros, frente a los 5´94 euros que soportaba en la actualidad.

En todo caso, su puesta en marcha no se producirá previsiblemente antes del primer trimestre del año 2023, ya que previamente deberá ser validada por la Comisión Europea en lo que se refiere a su compatibilidad tarifaria con lo establecido en las Directivas europeas en materia de tarificación de infraestructuras.