A finales de 2019 el Ayuntamiento de la ciudad de Barcelona y de otros municipios limítrofes aprobaron la denominada Zona de Bajas Emisiones de Barcelona (ZBE), un área geográfica de 95 kms2 de extensión (la más grande de toda Europa) con el objetivo de mejorar la contaminación ambiental en el área metropolitana de la Ciudad Condal.

A diferencia de la Zona de Bajas Emisiones aprobada en el municipio de Madrid, que sólo engloba el centro de la ciudad, la ZBE de Barcelona engloba prácticamente todo el término municipal de la ciudad condal más los municipios de Sant Adrià de Besòs y L'Hospitalet de Llobregat, y parte de los municipios de Esplugues de Llobregat y Cornellà de Llobregat,. Dicha regulación comportó en un primer momento la restricción de circulación de los vehículos privados más contaminantes, pero también de los vehículos de transporte de mercancías, previéndose la prohibición de circulación dentro de la ZBE del ámbito de las rondas de Barcelona a partir del próximo mes de Enero a los camiones y autobuses que no dispongan de etiqueta medioambiental de la DGT por su mayor antigüedad.

Esta medida tan restrictiva para el sector del transporte de mercancías siempre ha contado con el rechazo de las principales asociaciones catalanas de transportistas, entre otras, AGTC, ASTAC CONDAL y GREMI del TRANSPORT, todas ellas federada en FENADISMER, por ser considerada absolutamente inasumible y poco realista, ya que la aplicación de dicha restricción supondrá en la práctica expulsar del sector a más de la mitad de la flota que actualmente opera en Barcelona, conforme a los datos que constan en la memoria de impacto económico que se elaboró para la aprobación de la Ordenanza, en concreto, más de 6.000 transportistas verán imposibilitado continuar haciendo su trabajo a partir de dicha fecha, poniendo en serio peligro tanto la distribución de bienes y servicios en Barcelona como los servicios de transporte de trabajadores y escolares , destruyendo los miles de puestos de trabajo que de ella dependen.

Por ello, y ante la falta de repuesta de los responsables municipales, los transportistas catalanes han acordado continuar con el calendario de movilizaciones que se inició le pasado sábado y que se repetirá tanto este lunes por la tarde como el próximo miércoles, mediante una marcha lenta de camiones por las principales vías de la ciudad.

Por su parte, la oposición en el Ayuntamiento de Barcelona ha registrado este lunes una moción en la que insta al Gobierno municipal a establecer una moratoria de su entrada en vigor, la cual se debatirá este viernes en Pleno. En la citada Moción, promovida por Ciudadanos, se denuncia el incumplimiento por parte de la corporación municipal de las prometidas ayudas a los transportistas afectados para poder renovar sus flotas señalando que aún “no se han aprobado las líneas de ayudas para la adecuada renovación de flota en un sector donde más del 80% son autónomos y pymes que carecen de capacidad financiera para llevar a cabo dicho proceso, que sólo podría culminarse con el apoyo financiera de las instituciones públicas que hasta la fecha no han creado ningún fondo al efecto, habiendo destinado CERO euros”, destacando asimismo que al expulsión de más del 50% de la flota de vehículos de transporte que actualmente presta sus servicios en Barcelona y su corona metropolitana “ por lo que concluye la Moción instando a “que el Gobierno Municipal realice los trámites necesarios con los organismos implicados para ampliar, durante todo el año 2022, la moratoria a la prohibición de circulación por la Zona de Bajas Emisiones Rondas de Barcelona a los transportistas de camiones, autocares pequeños y autocares de transporte colectivo, y que se apruebe un paquete de ayudas públicas para la renovación de la flota”.