Como ya anunció FENADISMER, el pasado mes de Mayo tanto la Diputación de Guipúzcoa como las Juntas Generales interpusieron sendos incidente de nulidad contra el Auto del Tribunal Supremo que confirmaba la nulidad de la segunda Norma Foral que aprobaron en 2019 para tratar de salvar el cobro de los peajes a camiones en las carretas guipuzcoanas.

Dichos recursos judiciales se plantearon “a la desesperada” con el objetivo de tratar de retrasar su paralización, bajo la excusa sistema de peajes establecido fue bendecido por la Comisión europea, y que por ello el Tribunal Supremo debería haber planteado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia europeo antes de pronunciarse, ya que la jurisprudencia europea invocada no sería de aplicación al caso, según ambos recurrentes.

Sin embargo, como ya anticipó FENADISMER, la decisión del Tribunal Supremo, notificada este martes 22 a las partes, era la de la previsible inadmisión de dichos recursos por improcedentes, lo que supone un nuevo “varapalo judicial” contra las dos instituciones guipuzcoanas, a las que les recuerda de nuevo que “la Directiva europea prohíbe las discriminaciones basadas, directa o indirectamente, en la nacionalidad de los transportistas y en el origen o destino del transporte, por lo que procede reiterar el criterio mantenido según el cual la aplicación correcta del Derecho de la Unión Europea es evidente y no es necesario el planteamiento de cuestión prejudicial”.

Por ello, una vez que no cabe recurso alguno contra dicha decisión judicial ratificando la firmeza de la sentencia dictada en su día por el TSJ vasco, FENADISMER insiste una vez más en exigir la paralización inmediata del cobro de los peajes, dando cumplimiento al Auto del Tribunal Supremo notificado el pasado mes de mayo, y a lo por cierto se comprometió la Diputación de Guipúzcoa hace el pasado mes Junio, sin que hasta ahora lo haya cumplido, lo que motivó la interposición de la querella criminal por parte de las asociaciones de transportistas, tanto contra la Diputada Foral de Infraestructuras como contra al empresa pública Bidegi que gestiona el cobro de los peajes.