Las empresas de autobús escolar siguen hoy sin prestar servicio en el segundo día de la Vuelta al Cole, ya que reiteran que no pueden trabajar sin contrato, necesario para poder solicitar la autorización especial de transporte escolar.

En el segundo día tras el inicio de las clases, desde la Sección de Viajeros de FROET calculan que aproximadamente el 90 por ciento de las rutas previstas no se han cubierto, tomando como referencia todos los municipios en los que hoy había clases.

Esta postura se mantendrá hasta que las empresas reciban los citados contratos, por lo que está en la mano de la Consejería de Educación y Cultura poner fin a esta situación, “completamente anómala” y sólo achacable a la gestión del departamento que dirige María Isabel Campuzano.

Las empresas de transporte escolar insisten que el único contrato que puede ofrecer la Consejería basado en el convenio marco de 2009 es una prórroga por tres años, que es opción legal que viene recogida en el pliego de condiciones vigente que rige la contratación del servicio público de transporte escolar.

Asimismo, lamentan que Educación haya judicializado el conflicto creando “una maraña legal que cada día va enredando más”, como lo prueba el hecho de haber suspendido cautelarmente el contrato original a una decena de empresas en base a una ampliación de contrato compensatorio que no aceptaron, ya que suponía renunciar a las indemnizaciones por el parón por el Covid-19.

Y es que, las empresas se enfrentan desde hace meses a una “indefinición jurídica constante”, al recibir comunicaciones de Educación “que se contradicen de un día para otro”.

Por ello, volvieron a tender la mano a la Consejería para, en la línea propuesta por Croem, abrir una negociación y tratar de encontrar un punto de encuentro que permita la resolución del conflicto.

TRABAJADORES SIN SUBROGAR
Asimismo, desde la Sección de Viajeros FROET indicaron que se han detectado casos entre las empresas contratadas de urgencia que se están negando a subrogar a los trabajadores de la empresa concesionaria suspendida cautelarmente, pese a que el convenio colectivo así lo recoge.

Por ello, exigen a la Consejería que ejerza el tutelaje correspondiente al que está obligado para que todos los empleados mantengan intactos sus derechos, como recoge la normativa vigente.

Finalmente, desmienten la autoría cualquier acto vandálico que supuestamente se haya cometido al inicio de la jornada laboral, y piden a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que investiguen “hasta las últimas consecuencias” si se produjera alguno.