Como se recordará, FENADISMER ha venido reclamando de forma insistente en los últimos años en la necesidad de establecer una regulación en España que permita controlar la situación de competencia desleal que en los últimos años viene soportando nuestro sector, basado en la deslocalización de las grandes empresas de transporte hacia países de la Unión Europea con menores costes de explotación de la actividad.

Ello ha ocasionado un impacto muy negativo para el tejido empresarial de transporte español (básicamente pequeñas empresas) por la actuación insolidaria y “poco patriótica” que en los últimos años están llevando a cabo grandes empresas de transporte que se están deslocalizando en los países del Este de Europa, despidiendo a sus trabajadores en España, a los únicos efectos de aprovecharse de los menores costes fiscales y laborales, para de este modo poder competir en mejores condiciones en el mercado de transporte internacional español en el que siguen operando. Ello además trae como consecuencia un grave perjuicio a las arcas públicas españolas por la no tributación de sus actividades en nuestro país así como la indeseable destrucción de empleo que tal actuación abusiva genera.

En este sentido, el Consejo de Ministros celebrado este martes 27 de Abril aprobó el Decreto Ley 7/2021 por el que se actualiza la Ley española sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional, en trasposición de una Directiva europea aprobada en 2018.

Sin embargo, dicho Decreto-Ley, que permite un mejor control de los trabajadores de empresas extranjeras que operan en España no es de aplicación al sector del transporte por carretera, debido a que por sus especiales características debe ser objeto de una regulación específica que fue incluída en el nuevo Paquete de Movilidad europeo aprobado el pasado mes de Julio y que el Gobierno español debe también trasponer al ordenamiento interno.
Tal y como FENADISMER ha venido defendiendo durante todos estos años, la nueva regulación recogida en el Paquete de Movilidad persigue como objetivo luchar contra la competencia desleal que ejercen las empresas situadas preferentemente en los países del Este de Europa, que venían trabajando hasta ahora con total impunidad al amparo del mercado único europeo de transporte, ocasionando en los últimos años un gravísimo daño a las empresas transportistas españolas, de ahí la necesidad de que el Gobierno español apruebe a la mayor brevedad dicha regulación, la cual deberá estar en vigor como fecha límite antes Febrero de 2022, sin que hasta la fecha haya rastro alguno sobre su tramitación.

A juicio de FENADISMER, una vez aprobada la regulación española, permitirá luchar mejor contra las denominadas empresas buzón y la competencia realizada por empresas de transporte sujetas a condiciones salariales más ventajosas, al exigir dicha regulación que los conductores de transporte internacional (incluidas las operaciones de cabotaje) perciban el salario mínimo del país en el que el transporte es efectuado

Para tener una idea clara de la gravísima competencia desleal que sufren los transportistas españoles, basta tener presentes los preocupantes datos sobre la presencia de las flotas de transporte de los países del Este de Europa en el transporte español, que continúan controlando casi una tercera parte del transporte internacional con origen o destino en nuestro país, según consta en el Estudio sobre transporte internacional de mercancías por carretera que anualmente elabora el Ministerio de Transportes.

En concreto, en el último año en las importaciones de mercancías por carretera hacia España, las flotas procedentes de los países del Este de Europa transportaron un 28% del total, siendo especialmente significativo un año más el crecimiento experimentado por las empresas rumanas y lituanas. En lo que se refiere a las exportaciones españolas, las flotas de los países del Este controlaron un porcentaje similar, en concreto un 27´2”% del total de mercancías transportadas, con gran presencia igualmente de las empresas lituanas, que en este último año se han situado por encima de las rumanas y de las búlgaras.

Pero es que además resulta muy llamativo que pese a que el origen de las mercancías con destino a España no son precisamente los países del Este de Europa, sin embargo, las flotas de transporte domiciliadas en dichos países transportan de forma desproporcionada las mercancías importadas a nuestro país, y como consecuencia también las exportaciones desde España, lo que evidencia claramente que se tratan de empresas deslocalizadas a los únicos efectos de obtener menores costes fiscales y laborales, pero sin ninguna actividad real en dichos países. En este sentido, la desproporción existente en las flotas de transporte de los referidos países en relación al origen de la mercancía transportada en toneladas transportadas es la siguiente: Bulgaria 23’91, Lituania 21’22 y Rumanía 8’30.

Tal presencia no sólo se produce en el transporte internacional español, sino que cada vez hay mayor presencia de las flotas procedentes de dichos países en el transporte interior dentro de España (lo que se denomina cabotaje), pese a ser de los países de la Unión Europea más alejados de nuestro país. Así es especialmente significativa, una vez más, la actividad desarrollada en el transporte nacional español por las flotas domiciliadas en Rumanía, habiendo crecido un 31% sólo en el último año, lo que le ha permitido escalar hasta la 1ª posición en el ranking de empresas extranjeras que operan en España. De hecho, las empresas rumanas realizaron el 32% de todo el transporte de cabotaje realizado en España, desplazando a las empresas portuguesas. Asimismo, según consta en el Estudio elaborado por el Ministerio de Transporte, es destacable un año más el crecimiento de las flotas lituanas en el transporte nacional es España, en concreto un incremento del 46% respecto del año anterior, situándose por detrás de las empresas polacas y búlgaras, que ocupan el tercer y cuarto lugar respectivamente.

Por ello, FENADISMER ha solicitado formalmente al Ministerio de Trabajo que inicie a la mayor brevedad la tramitación de la modificación legal de la actual regulación sobre desplazamiento de trabajadores en el sector del transporte, que exigirá que los conductores de transporte internacional comuniquen previamente su desplazamiento al país de acogida, garantizando sus empresas que perciben el salario mínimo del país en el que el transporte es efectuado, evitando de este modo las situaciones de dumping social que se producen en la actualidad, con salarios hasta ocho veces inferiores a los percibidos en España.