Este miércoles 7 de Abril el Presidente de FENADISMER, Julio Villaescusa, ha comparecido en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados para plantear la posición del sector del transporte por carretera con ocasión de la elaboración de la Estrategia de Seguridad vial para el periodo 2021-2030 que se está llevando a cabo en el ámbito parlamentario.

En este ámbito, el Presidente de FENADISMER ha destacado la tendencia muy positiva de reducción de la siniestralidad en el sector habida en los 20 últimos años, en concreto, un descenso de más de un 70% en el número de conductores profesionales fallecidos tanto en camiones ligeros como pesados.

Sin embargo, lamentablemente la pandemia derivada del covid ha invertido esta tendencia, como consecuencia de la situación de estrés a que se han visto sometidos los transportistas a fin de garantizar el abastecimiento a la población y resto de actividades económicas, adoptando al efecto la Administración normas para flexibilizar sus tiempos de trabajo, lo que se tradujo en que durante el primer estado de alarma lamentablemente se llegara a multiplicar por tres el número de conductores fallecidos.

Además, con independencia de la actual situación sanitaria, las normas que regulan la actividad del transporte por carretera van en sentido contrario a favorecer la mejora de la seguridad vial, como ha sido la eliminación en 2013 de la exigencia de formación para acceder al segmento del transporte ligero, o recientemente la anulación judicial del requisito de antigüedad de transporte, sin que la Administración manifieste voluntad alguna por reestablecerlo, pese a que los últimos datos sobre siniestralidad publicados por la DGT, correspondientes a 2019, arrojen como dato preocupante que los vehículos de transporte ligero de más de 6 años de antigüedad participan en más de un 82% de los accidentes, y en un 65% en el caso de los vehículos pesados.

Asimismo, durante su comparecencia, el Presidente de la Federación dedicó especial atención a la problemática de las labores de carga y descarga a que se ven obligados los transportistas al llegar a los centros de carga y descarga, ocasionándoles una mayor fatiga lo que incide negativamente en la seguridad vial, sin que la Administración hasta ahora haya regulado adecuadamente esta cuestión.

De hecho, según varios estudios relativos a las condiciones de trabajo de los conductores profesionales, ponen en evidencia que del total de accidentes de trabajo más de una tercera parte corresponde a accidentes relacionados con las labores de carga y descarga, teniendo en cuenta además que casi el 70% de los conductores reconocen participar en dichas tareas, pese a que la regulación legal establece que tal obligación corresponde como regla general al cargador y destinatario.

Además, durante la pandemia y pese a las recomendaciones de la Comisión europea instando a que no se obligara a los transportistas a hacer dichas tareas para reducir las posibilidades de contagio, lamentablemente las empresas cargadoras han continuado imponiéndolo, ya que, según reconoció públicamente el representante de una de las principales asociaciones que agrupa a las empresas cargadoras españolas, al realizarlas los conductores, las empresas cargadoras “se ahorran” más de 2.000 millones de euros anuales. Ello motiva que la Administración aborde dicha cuestión regulando la limitación de que los conductores de vehículos pesados participen en la realización de dichas tareas, salvo en determinadas especialidades que por la naturaleza de la carga o las condiciones técnicas del vehículo aconsejen su intervención.