Como se recordará, con ocasión de la última reforma de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres aprobada en 2013, se introdujo un instrumento jurídico novedoso denominado “acción directa”, que reconoce el derecho del transportista que realiza un servicio de transporte a reclamar el precio del porte impagado contra el cargador principal, que se constituye así en garante solidario frente al transportista efectivo del pago de la deuda, aunque éste ya hubiera pagado al intermediario por dicho servicio..

Dicha medida fue siempre una reivindicación histórica de FENADISMER y otras asociaciones de transportistas, a fin de equiparar nuestra legislación sectorial a la de otros países de nuestro entorno, que cuentan con regulaciones similares que pretenden favorecer la transparencia y el control en la subcontratación en el sector del transporte por carretera, haciendo garante del pago del porte, tanto al cargador principal como a todos los que hayan intervenido de manera sucesiva en la cadena de subcontratación; lo que no sólo tiene un efecto directo de justicia material para el transportista que ha soportado todos los gastos del transporte, y que de este modo tendrá una garantía más del cobro de sus servicios, sino que además influye en la limitación de la subcontratación, habida cuenta de que el cargador principal y los intermediarios se cuidarán de limitar la cadena de subcontratación, evitando aquellas subcontrataciones que sean improductivas desde el punto de vista económico.

Sin embargo, dicha medida legal tan positiva no ha estado exenta en estos años de vigencia de la misma del intento de una parte de las empresas cargadoras de “desactivarla” judicialmente, mediante diferentes impugnaciones ante los Juzgados de lo Mercantil para tratar de limitar sus efectos. Pese a ello, el Tribunal Supremo ha fallado ya en varias ocasiones en favor de la acción directa, creando en consecuencia jurisprudencia en relación a su validez y plena eficacia.

Así en una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha avalado el ejercicio de la acción directa por parte del transportista contra el cargador principal, aunque el intermediario que le contrató haya sido declarado judicialmente en concurso de acreedores. Así el fallo, derivado de un recurso de casación interpuesto por una empresa cargadora, señala de forma rotunda que “en la acción directa del transportista efectivo, éste exige y cobra su crédito del cargador principal porque resulta directamente obligado a ello (no por el contrato, sino por la ley), incluso aunque éste haya extinguido su deuda con el intermediario…ya que la acción directa del porteador efectivo no implica retención alguna de ningún elemento del patrimonio del eslabón intermedio, por apoyarse en la mera existencia del crédito del porteador efectivo frente al cargador principal”, para concluir señalando que “aunque el intermediario haya sido declarado en concurso, procede el ejercicio de la acción directa. Precisamente porque el intermediario es insolvente y ha sido declarado en concurso, cobra más sentido el ejercicio de la acción directa frente al cargador principal”.

FENADISMER considera que con la nueva sentencia dictada por el Tribunal Supremo queda ya eliminado cualquier nuevo cuestionamiento jurídico de dicho instrumento protector en favor del colectivo de transportistas, considerado el último eslabón de la cadena de contratación, habiendo tenido la “acción directa” efectos muy positivos desde su aprobación para la ordenación del sector del transporte por carretera. Por eso, FENADISMER no comparte ni entiende la negativa de la mayoría de las Juntas Arbitrales de Transporte existentes en España a admitir su competencia para conocer de las reclamaciones por “acción directa” que se les presentan, ya que ello permitiría evitar que el transportista tuviera que acudir a la vía judicial, siempre más lenta, costosa y menos especializada, en vez de acudir a los organismos arbitrales de transporte, que fueron creados precisamente para resolver las controversias que surjan en este sector de actividad.