Como ha venido denunciando públicamente FENADISMER, la actual Comisaria europea de Transportes, la rumana Adina Valean, desde su toma de posesión a finales de 2019, lejos de mantener la necesaria neutralidad institucional de un cargo de máxima responsabilidad como el que ocupa, ha venido posicionándose en contra de muchas de las medidas más relevantes contenidas en el Paquete de Movilidad, teniendo como aliados a la práctica totalidad de los países de Europa del Este que, durante la tramitación del proyecto legislativo, llevaron a cabo una actuación muy beligerante, aunque no exitosa, contra su aprobación definitiva, y que ahora pretenden tumbar en el Tribunal de Justica europeo.

Pese a que, muy a su pesar, el Paquete de Movilidad es ya una realidad tras su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea del pasado mes de Julio, tras el amplio respaldo obtenido tanto en el Consejo como en el Parlamento europeo, la Comisaria de Transportes no ha dejado en ningún momento de cuestionar algunos de los aspectos más controvertidos y que más afectan a los países del Este, que ven con temor como la puesta en marcha de dichas medidas supondrá acabar con la situación de descontrol y competencia desleal que venían ejerciendo las empresas radicadas en dichos países, muchas de ellas deslocalizadas, y que amenazaba con hacer desaparecer el tejido empresarial de transporte de los países occidentales.

Así, entre las medidas estrella que recoge el Paquete de Movilidad está la obligación de que los camiones retornen a su país de origen al menos cada 8 semanas, para evitar la actual situación de deslocalización permanente que en la actualidad practican muchas empresas radicadas en los países del Este, que prácticamente trabajan de forma continua fuera de su país, al que se desplazan únicamente para pasar la ITV de sus camiones una vez al año, aunque existen casos que incluso la revisión técnica la pasan de forma virtual sin necesidad de desplazarse a los centros de inspección técnica.

Es dicha medida del retorno obligatorio, junto a la nueva regulación del cabotaje, la que motivó a la Comisión Europea a lanzar el pasado mes de Agosto una encuesta abierta dirigida a empresas de transporte y operadores logísticos de toda Europa, absolutamente arbitraria y tendenciosa como ya denunció FENADISMER en su día, ya que plantea una relación amplia de preguntas "teledirigidas" con el fin de poner en entredicho las bondades de dichas medidas.

Por ello, no ha sorprendido a FENADISMER el resultado de la referida encuesta "precocinada", cuyo informe ha publicado estos días la Comisión Europea, aportando una serie de datos sobre el impacto medioambiental que dichas medidas ocasiona, lo que resulta sorprendente cuando la nueva regulación no entrará en vigor hasta el año 2022 y, por tanto, no es posible evaluar a día de hoy su impacto real en el transporte por carretera en Europa.