Como viene advirtiendo FENADISMER en las últimas semanas, la gravísima situación sanitaria que atraviesa España y el resto de países europeos en esta tercera ola de la pandemia del covid-19, con un alarmante avance del número de contagios, está obligando a los diferentes Estados miembros a adoptar medidas restrictivas de la movilidad entre los países con el fin de contener el avance de la pandemia, lo que está afectando negativamente a la actividad que realizan los transportistas españoles que se decían la transporte internacional, a los que se les exige la realización de diferentes medidas sanitarias de control.

Así, siguiendo la política de “cierre de fronteras” llevada a cabo por otros países europeos, como es el caso de Alemania, Bélgica y Portugal, el Gobierno francés ha aprobado también un Decreto de restricciones por el que desde este Domingo 31 cualquier viajero, independientemente de su modo de transporte (aéreo, marítimo o terrestre), que desee llegar a Francia desde un país del área europea (Unión Europea, Andorra, Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, San Marino, Santa Sede y Suiza) está obligado a presentar el resultado de una prueba PCR realizada 72 horas antes de la salida.

El Decreto establece una serie de exenciones a dicha obligación, en el caso de los viajes de los residentes de las zonas de residencia fronterizas en un radio de 30 km alrededor de su hogar durante menos de 24 horas, así como los desplazamientos de los conductores profesionales del transporte por carretera en el ejercicio de su actividad, debiendo acreditar dicho motivo conforme al Certificado de desplazamiento elaborado por la Comisión europea.

Teniendo en cuenta que Francia es paso obligado de las exportaciones españolas al resto de la Unión europea, dicha medida tiene un impacto muy importante en el sector del transporte español por carretera, teniendo en cuenta que por la frontera franco-española diariamente la cruzan más de 20.000 camiones españoles, principalmente a través de los pasos fronterizos de La Junquera en Cataluña y de Irún en el País Vasco, los cuales se verán sometidos a controles fronterizos que ralentizarán su actividad.