La Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC) solicita al Gobierno un cambio temporal de la normativa sobre “contratos de transporte”, por la vía de urgencia, mientras se mantengan las medidas extraordinarias de confinamiento del Estado de Alarma, que permita “repartir” entre los contratantes del servicio del transporte por carretera los perjuicios derivados de esta grave crisis de movimiento de mercancías, que se sitúa ya en torno al 50% de caída con respecto a la actividad habitual de antes de la crisis del coronavirus, tras descender otros 10 puntos porcentuales sólo en esta semana.

“ASTIC promueve este cambio legislativo en defensa de las empresas transportistas y de la sociedad en general”, ya que, si no se puede equilibrar económicamente la actividad, existe el riesgo de que muchos viajes ‘de ida’ acaben por no poderse cubrir, tanto en el mercado doméstico como en el internacional, con la consiguiente probabilidad de problemas de abastecimiento por rotura de los flujos logísticos”, alertan fuentes de la organización.

Desde ASTIC explican que el servicio que se presta, bajo contrato verbal o formal, tiene un precio que se ha establecido en un escenario de flujos normales de ida y vuelta que actualmente no se producen, una situación que ha variado dramáticamente debido al confinamiento social y la “hibernación” económica e industrial de España y de otros países europeos.

“Consideramos injusto que, bajo la presión de ‘incumplimiento de contrato’, el usuario del servicio quiera mantener a toda costa la vigencia del precio pactado en momentos en que el escenario económico era otro muy distinto y cuando no se podía prever de ningún modo que las circunstancias fueran tan volátiles de un día para otro”, afirman desde la Asociación. “Es injusto que el transportista tenga que ser, entre todos los intervinientes, el único que soporte las consecuencias de una situación totalmente anómala. Y que se le obligue a seguir realizando el transporte en unas condiciones ruinosas por la imposibilidad sobrevenida e imprevisible a la hora de establecer las condiciones contractuales”.

ASTIC asegura que no está reclamando que el Gobierno subvencione el retorno en vacío, sino que legisle de forma que exista una certeza durante el Estado de Alarma, amparada por el ordenamiento jurídico, de que los costes extraordinarios que suponen esos regresos en vacío sean compartidos por ambas partes: quien hace el servicio y quien se beneficia de él en el viaje de ida.