Tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado del pasado miércoles 31 de julio de la sentencia del Tribunal Supremo que declara nulas las bonificaciones a camiones por el desvío obligatorio a la autopista de peaje AP-68 en la Rioja, que entró en vigor a finales del año 2017, el Gobierno central ha venido trabajando en la forma de ejecutar la sentencia del Alto Tribunal para tratar de reducir el fuerte impacto económico que podría ocasionar a los más de 3.500 transportistas que diariamente transitan por dicha ruta la eliminación de dichas bonificaciones, ya que supondría sextuplicar el importe a pagar por el peaje, pasando de los actuales 5 euros por trayecto a 29 euros.

El Gobierno ya ha iniciado los trámites para la aprobación de un nuevo Real Decreto

A tal fin, el Gobierno ha iniciado los trámites para la aprobación de un nuevo Real Decreto que sustituya al Decreto anterior declarado nulo, con la intención de ponerlo en vigor antes del plazo límite de ejecución de la sentencia, para lo cual su intención es plantear ante el Tribunal Supremo un “incidente de ejecución” que permita resolver diferentes cuestiones sobre su aplicación, para de este modo ganar tiempo y permitir el restablecimiento de la situación legal, tras el monumental lío judicial ocasionado por el fallo del Alto Tribunal.

En este sentido, según han confirmado a FENADISMER fuentes de la empresa concesionaria de la autopista, han recibido instrucciones del Ministerio de Fomento para continuar aplicando durante este período las bonificaciones a los transportistas hasta que sea aprobado en los próximos meses el nuevo Decreto por parte del Gobierno.

Asimismo la intención del Gobierno es mantener la actual prohibición de circulación de los camiones por la N-232 en la Rioja y su consiguiente desvío obligatorio a la autopista de peaje, aunque habrá que esperar al pronunciamiento que a este respecto resuelva el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el próximo 25 de septiembre, en relación al recurso planteado en su día por FENADISMER, conjuntamente con las restantes asociaciones que componen el Comité Nacional de Transporte por Carretera, contra la Resolución de la Dirección General de Tráfico que estableció dicha restricción permanente a los camiones.