Desde que el pasado mes de septiembre fueron aprobadas las restricciones a la circulación de camiones de cuatro o más ejes por las provincias de Castellón, Tarragona, Lleida y el Sur de Barcelona, más de 4.000 camiones son obligados diariamente a circular por las autopista de peaje AP-7.

Los transportistas piden a la Administración tanto central como catalana poder abandonar las autopistas de peaje para descansar y repostar

Tal y como ha denunciado la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), esta situación ha afectado “negativamente” a la circulación diaria de dicha vía, teniendo en cuenta que “tan importante volumen de camiones se suma al número similar de camiones que ya transitaban con anterioridad por dichas autopistas”.

Esto ha ocasionado, según la organización de transportistas, “gravísimos problemas de sobresaturación e inseguridad vial en las tres únicas Áreas de descanso existentes en dicho tramo en la autopista AP-7”, en concreto las de Benicarló, La Ribera y Baix Ebre, que entre las tres suman menos de 90 plazas de parking para camiones, dificultando que los transportistas puedan realizar los descansos que por ley están obligados a hacer cada cuatro horas.

Así, pese a las reiteradas protestas de Fenadismer y las restantes organizaciones de transportistas tanto a la Dirección General de Tráfico como a Trànsit de Cataluña, ambos organismos siguen rechazando la posibilidad de que los transportistas puedan abandonar la autopista de peaje hacia la carretera nacional para realizar las labores de repostaje, avituallamiento o descanso, “ya que en ambos casos les obligan a retroceder e incorporarse por la misma salida de la autopista, con la consiguiente pérdida de tiempo y de duplicación de kilómetros recorridos, lo que resulta absolutamente irracional y contrario a los principios de eficiencia empresarial y de seguridad vial”.

Ante esta situación, Fenadismer confía en que sea el Tribunal Superior de Justicia quien estime la demanda presentada contra los desvíos a camiones a las autopistas de peaje, y que en consecuencia sean sustituidos por desvíos voluntarios incentivados económicamente, como así se establecieron en 2015.